Así lo confirmó a este medio el abogado de los demandantes, el doctor Emiliano Gallego, quien señaló “nosotros estábamos en la razón cuando le dijimos a los representantes municipales que esto iba a suceder y cuando ofrecimos hacer un convenio, no avanzaron” indicó que tampoco en todo este tiempo la municipalidad aportó pruebas valederas para sostener la causa.
El proceso arrancó en el año 2009, lleva 11 años y está cerca de su resolución final “la municipalidad ahora tiene una instancia superior, que quizás llevaría un año más”.
Gallego mencionó que el Concejo Deliberante anterior, que conducía Luis Esquivel no solo hizo presentaciones atemporales, sino que nunca quisieron acordar.
Recordemos que el ex edil tomó distancia de la decisión que tenía Luis Ojeda de hacer un convenio con la familia a quienes reconocía como ocupantes históricos.
Ayer, la Cámara Contencioso Administrativo, determinó la apelación presentada a favor de los demandantes, en este caso dos procesos de la misma familia.
Quien pierde en este caso es la Municipalidad de San Antonio Oeste, tanto las tierras como las onerosas costas que deberá afrontar.
La cámara integrada por Ariel Galliger, María Ignazi y Mirta Filipuzzi, establecieron agotadas las vías administrativas “este Tribunal otorgó múltiples oportunidades para que la temática se resuelva a manos de los propios interesados, sin que resultara fructífero, por lo que la accionada no puede ya invocar la potestad de resolver esta cuestión por sí misma” indicaron.
“En primer lugar, el derecho de posesión sobre las tierras fue reconocido por la propia administración (municipal) en forma expresa… si bien es cierto que se encuentra indefinido el sector concreto que se concede a los miembros de esta familia, dicha falta de concreción no puede pesar sobre ella, puesto que la determinación decisoria que dejó para el futuro la demarcación ha sido elaborada por la misma demandada” agrega el fallo.
En el mismo escrito los propios jueces establecen que desde el año 2011, hubo sucesivos intento de conciliación, en los cuales en reuniones y presentaciones se reconocía la ocupación ancestral de los reclamantes.
Esos acuerdo estipulaban entre 80 a 170 hectáreas que podrían cederle a la familia, pero ahora, con este fallo, serán unas 950 hectáreas las que solicitarán, aunque en el fallo menciona “Ordenar a la Municipalidad de San Antonio Oeste que arbitre los medios necesarios para la demarcación definitiva de las tierras cuya posesión se ha reconocido respecto de los miembros de la familia Velázquez-Rojas en un plazo no mayor a los 60 días de que la presente adquiera firmeza, para que posteriormente se proceda a su adjudicación y pertinente escrituración, de acuerdo a la normativa de aplicación.”
En este aspecto, también la comuna deberá abonar el proceso “en cuanto a las costas del proceso, entiendo que deben recaer sobre la demandada principal (esto es la Municipalidad de San Antonio Oeste)”.