Por decisión de la Gobernadora, Arabela Carreras, Río Negro se convirtió en la única provincia del país en repartir equitativamente todas las ayudas financieras llegadas desde la Nación entre Municipios y las Comisiones de Fomento, con el propósito de atender desequilibrios financieros producidos por la pandemia de COVID-19.
El pasado viernes, la Gobernadora y los Intendentes e Intendentas firmaron los convenios para la distribución del fondo de $260.000.000, que corresponde al segundo tramo de créditos que representan el 10% del monto total de la última asistencia financiera acordada con la Nación.
De esta forma, Carreras ratificó la decisión política de continuar acompañando a las localidades y parajes. “Todas las administraciones han sufrido fuertes desequilibrios financieros producidos por la paralización de actividades, el incremento de gastos para atención de la pandemia y la caída en la recaudación”, explicó.
La Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios de Economía ya está trabajando con las áreas de Hacienda de todos los Municipios y Comisiones de Fomento rionegrinas, para que puedan acceder a los créditos una vez que se hayan cumplido los pasos a seguir en este proceso.
San Antonio Oeste recibirá $7.922.100,19 como parte de esa asistencia financiera, el mismo intendente Adrián Casadei firmó en Villa Regina la suma coparticipable.
Por su parte el Frente de Todos, señaló que son créditos blandos que la provincia acordó con Nación, y luego coparticipó en parte a los municipios que deberán devolverlos bajo las mismas condiciones.
Un proyecto de Ley del Frente de Todos propone que la provincia condone esa deuda, cuyo primer vencimiento opera el mes próximo, se trata de una tasa a 3 años con el interés simbólico del 0,10% anual.
El proyecto de Ley presentado este viernes por el bloque legislativo que conduce María Eugenia Martini dispone “eximir del pago total de la deuda contraída por los diferentes Municipios, en el marco del Convenio de Asistencia Financiera” y que la provincia asuma la totalidad de las obligaciones con el Gobierno nacional.
Destacaron que “en todos los casos en que se gestionó el crédito bajo los parámetros de la aludida norma, los municipios y comisiones de fomento debieron afrontar no sólo gastos corrientes, sino también asumir y cubrir necesidades extraordinarias con motivo de la pandemia”.
Las obligaciones asumidas, evaluaron, “degradaron aún más las endebles arcas de dichas administraciones”, por lo que, entienden, “resulta necesaria una revisión seria y consciente de las deudas asumidas en contexto de emergencia por los municipios y las comisiones de fomento”.
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