La actualización de la tarifa de agua y cloacas potable se aplicará en forma paulatina
El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, descartó hoy la aplicación de una actualización en la tarifa de agua potable y cloacas en un solo tramo.
“Si bien la Ley N° 5292 contempla cada cuatro meses redeterminaciones destinada a cubrir los mayores costos externos asociados a las tarifas de los servicios de agua potable y desagües cloacales, el Gobierno no aplicará esta medida en su plenitud, sino que será paulatinamente”.
Recordó que “de acuerdo a lo estipulado por la autoridad de aplicación, corresponde una revisión tarifaria del orden del 57%, pero teniendo en cuenta la actual situación socioeconómica, el Gobierno ha decidido que dicha actualización se realizará en forma progresiva con el correr de los meses, de manera tal de evitar un impacto mayor en la economía de los hogares rionegrinos”.
Estas actualizaciones están previstas por ley a través de las revisiones tarifarias conforme los mecanismos previstos en el Marco Regulatorio de los Servicios y los contratos de concesiones vigentes.
La autoridad de aplicación, que es el Departamento Provincial de Aguas, por Ley dicta cuatrimestralmente una resolución estableciendo los índices correspondientes a cada concesionario del servicio de agua potable y cloacas.
La defensora del pueblo requirió al DPA dejar sin efecto el incremento de la tarifa del agua
“No es compatible con los derechos de los usuarios fijar un aumento sobre un servicio público esencial en un escenario de reducción masiva de ingresos”, remarcó Santagati.
Ante el dictado de la Resolución N° 522/20 del Departamento Provincial de Aguas, que dispuso un significativo incremento en la tarifa del servicio público de agua y saneamiento que diferentes concesionarios prestan en la provincia, la defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, solicitó al DPA dejar sin efecto la medida.
Santagati consideró que el dictado de la Resolución del DPA, no ha tenido en cuenta la gravísima situación socio–económica que atraviesa el universo de usuarios como resultado, fundamentalmente, de la pandemia por el COVID-19.
“Sabido es que, con motivo de la emergencia sanitaria, las autoridades nacional y provincial han adoptado, entre otras, medidas de ´aislamiento social preventivo y obligatorio´ que se han extendido por varios meses, continuándose luego con prácticas de distanciamiento y reducción de actividades que han afectado severamente la matriz económica y productiva del país”, indicó la defensora Santagati para luego remarcar: “en ese contexto de retracción de la actividad económica, pérdida de fuentes de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y reducción generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía, la aplicación de un aumento en la tarifa de un servicio público esencial, como es el del agua y saneamiento, no sólo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento”.
En la Nota N° 415/2020 DPRN dirigida al superintendente provincial de aguas, Fernando Curetti, la defensora expresó que, en los fundamentos de la Resolución N°522, “no se han tenido en consideración ninguno de los aspectos de la actual coyuntura, procediendo simplemente a la aplicación automática de una redeterminación de costos en el marco de la Ley 5.292 que atiende, principalmente, a los incrementos salariales del personal de los prestadores”.
La defensora del pueblo también expresó en su nota: “El análisis aislado que ha motivado el aumento no tuvo en cuenta, adecuadamente, la realidad actual de los usuarios y las exigencias en materia de accesibilidad económica inherente al derecho humano al agua”.
“Esa accesibilidad demanda que los aumentos sean consistentes con la capacidad de pago de los usuarios y usuarias del servicio”, destacó Santagati y enfatizó la necesidad que, en lo sucesivo, “decisiones de esta índole sean adoptadas luego de una exhaustiva ponderación del contexto”.
Rechazo del Frente de Todos al tarifazo en el servicio de agua potable
Este lunes se conoció la decisión del Gobierno provincial de autorizar a la prestadora del servicio de agua potable ARSA un incremento cercano al 60% en la facturación. El tarifazo se da en un contexto de pandemia en el que la provisión de agua tiene una importancia superlativa para asegurar las condiciones de higiene.
A contra corriente de las decisiones que se toman a nivel nacional para preservar a los usuarios de los incrementos tarifarios en un escenario de pandemia y fuerte retracción económica, el Gobierno provincial autorizó esta semana a la empresa provincial proveedora de agua potable un incremento del 57% en la facturación que los rionegrinos recibirán a partir del mes próximo.
ARSA es una empresa privada -prestadora de un servicio público esencial– cuya estructura de costos y readecuacíones tarifarias deben ser revisadas y autorizadas por el Departamento Provincial de Aguas.
Hasta 2018 cada incremento del servicio debía ser sometido a una audiencia pública, instancia luego suspendida por decisión del entonces gobernador Alberto Weretilneck, quien resolvió no consultar a los usuarios, y reemplazó ese procedimiento por un sistema de tres redeterminaciones anuales del costo del servicio.
El tarifazo de ARSA fue tema de debate durante la reunión de la comisión de Planificación este lunes en la Legislatura, con una férrea defensa del oficialismo, en tanto el Frente de Todos recordó que en mayo presentó un proyecto de Ley para congelar los incrementos tarifarios en el servicio de agua potable y desagües cloacales hasta el 31 de diciembre de este año, tal y como ocurre con otros servicios a nivel nacional. Durante todo este tiempo, Juntos Somos Río Negro, con mayoría en el recinto, impidió el tratamiento de esa iniciativa.
“Observamos así que el agua adquiere un rol preponderante para evitar la propagación del virus –COVID19-”, señalaba el proyecto del FdT, “por lo cual resulta primordial brindar el servicio de agua potable a todos los consumidores del sistema. Por ello y a fin de no generar aún más impacto negativo sobre los vecinos de nuestra provincia y llevar a la vez tranquilidad a los mismos, vemos la necesidad de solicitar la suspensión de aumento de tarifas del servicio por lo que resta del corriente año calendario (2020)”.
“Se comprende que pudo haber un incremento en la estructura de costos de ARSA, pero esto es algo que el Gobierno provincial debió resolver con otros mecanismos que no fueran el traslado directo de un tarifazo al bolsillo de los usuarios, y menos aún tratándose de un servicio esencial”, señaló la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini.
La Ley provincial 5292, “de redeterminación de costos asociados a la prestación de los servicios sanitarios de la Provincia de Rio Negro”, impulsada por Weretilneck en 2018 y el Decreto Reglamentario 1660 publicado a comienzos de 2019 culminaron con un aumento en la tarifa de agua potable y saneamiento cercano al 100%. Eran tiempos de constantes tarifazos en los servicios públicos y de sintonía de Juntos Somos Río Negro con el gobierno de Mauricio Macri.
“ARSA no es la única empresa que necesita ajustar su economía, también lo necesitan las pequeñas y medianas empresas de la provincia, y lo sufre cada uno de los rionegrinos. Sin embargo, en este escenario de pandemia, en el que estamos todos haciendo un enorme esfuerzo, el Gobierno permite a ARSA trasladar de un mes a otro un incremento de casi el 60% en la tarifa del agua”, indicó Martini.
“Juntos Somos Río Negro no parece haber tomado nota de la gravísima situación económica que atravesamos, ni consideran que el acceso al agua es un derecho humano; siguen aplicando una política de ajuste y provocando que la crisis provincial terminen pagándola los rionegrinos”, concluyó la legisladora.
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