El pasado sábado 14 de marzo se disputó en Viedma el primer torneo clasificatorio de la Argentina Powerlifting League (APL), una competencia que marcó el inicio de la temporada anual de esta disciplina y que reunió a 34 atletas de distintos puntos de la región.
La actividad se desarrolló en el Gimnasio Municipal Galo Martínez, entre las 10 y las 17 horas, con una jornada que transcurrió de manera ordenada y fluida. Del certamen participaron competidores femeninos y masculinos de General Conesa, San Antonio Oeste y la Comarca Viedma-Patagones.
La organización del evento estuvo a cargo de un trabajo conjunto entre los gimnasios Universo, Strong Girl y Strongman, que fueron anfitriones de esta primera fecha clasificatoria.
Como antesala del torneo, el viernes 13 de marzo se llevó a cabo un seminario de introducción al powerlifting competitivo, que contó con una importante convocatoria. La capacitación estuvo a cargo de Rodrigo Sánchez, entrenador, atleta y juez internacional de la IPL.
Durante la competencia también se realizó un reconocimiento a los deportistas de la Liga Sur que participaron del Mundial IPL 2025, en un gesto que puso en valor el crecimiento de esta disciplina en la región.
Uno de los datos destacados de la jornada fue que los 34 competidores que formaron parte del clasificatorio obtuvieron su pase al torneo Nacional, que se disputará en la provincia de Neuquén durante el mes de junio.
En ese marco, los representantes de San Antonio Oeste, pertenecientes al gimnasio RAM GYM, lograron sobresalientes resultados en distintas categorías. Belén Payalef obtuvo el primer puesto en despegue, en la modalidad Deadlift Raw femenino hasta 75 kilos Open. Alejandro Uinca se quedó con el primer lugar en banco plano, con una marca de 140 kilos en la categoría Master 55-59.
Por su parte, Ezequiel Francou alcanzó el primer puesto en powerlifting en la categoría hasta 100 kilos Junior, correspondiente a la franja de 20 a 23 años. También se destacó Andrés Manrrique, quien obtuvo el primer puesto en fuerza en banco y además logró el mejor coeficiente en la categoría hasta 90 kilos Master 45-49.
De esta manera, San Antonio Oeste tuvo una participación sobresaliente en el arranque de la temporada de powerlifting, con varios títulos individuales y la clasificación de sus atletas al próximo Nacional, donde buscarán seguir consolidando su nivel competitivo.
El secretario general de ATE en San Antonio Oeste, Mario Pezzatti, expresó su preocupación por la situación salarial de los trabajadores estatales y municipales, en el marco de las negociaciones paritarias que se desarrollan en la provincia. Según señaló, el objetivo del gremio es “conseguir alguna cifra para los trabajadores”, aunque reconoció que el contexto actual vuelve cada vez más complejas las discusiones.
Pezzatti indicó que, si bien en el ámbito provincial se lograron algunos incrementos, desde el sindicato insisten en la necesidad de mejorar el salario básico, al considerar que es el principal problema estructural. “El gran sufrimiento de los trabajadores hoy es un básico tan pobre como el que tiene la provincia, que los perjudica especialmente a quienes están próximos a jubilarse”, sostuvo.
En ese sentido, también remarcó las dificultades vinculadas a las categorías laborales y las recategorizaciones, que impactan directamente en las liquidaciones salariales. “Las categorías afectan terriblemente a los compañeros, porque todo se calcula en base a la categoría que hoy tienen”, explicó.
Otro de los puntos planteados por el dirigente es la falta de avances en la jerarquización del empleo público. Si bien mencionó reuniones recientes con la Junta de Calificación y Disciplina, consideró que el eje está puesto en la sanción y no en la evaluación y crecimiento del trabajador. “La jerarquización va quedando de lado”, advirtió.
Pezzatti también hizo hincapié en la necesidad de modernizar normativas vigentes, como la ordenanza 3487 del área de comercio, que calificó como “totalmente desactualizada”. Según detalló, la normativa data de 1987 y contiene referencias obsoletas, por lo que consideró imprescindible su revisión. En paralelo, subrayó la importancia de la capacitación del personal municipal, tanto para mejorar las condiciones laborales como la atención al contribuyente.
En cuanto a la dinámica de negociación, el dirigente cuestionó la falta de instancias formales y acuerdos concretos. “No se ha trabajado en sentarse y definir propuestas con fechas. Muchas veces se habla, pero no se concreta”, afirmó, al tiempo que remarcó que se trata de una problemática que se arrastra desde gestiones anteriores.
El dirigente también abordó la situación social que atraviesan muchos trabajadores y sus familias. Señaló que el gremio recibe a diario pedidos de empleo y asistencia, en un contexto donde, según indicó, “cada vez hay más gente que está peor”. En esa línea, destacó el esfuerzo de la seccional para brindar ayuda escolar con kits de útiles, pese a las limitaciones económicas.
Asimismo, planteó la necesidad de generar oportunidades laborales, tanto en el ámbito público como en el privado, en particular ante el avance de proyectos como el GNL en la región. “Hay que buscar la manera de que la gente pueda tener su sustento, sobre todo de cara al invierno”, advirtió.
Pezzatti también hizo referencia a conflictos laborales en otros sectores, como el caso de trabajadores que reclaman pagos adeudados, y alertó sobre el impacto de la crisis en el comercio local. “Cuando cierra un negocio, es una familia que se queda sin recursos”, expresó.
Finalmente, el titular de ATE confirmó que el gremio espera una nueva convocatoria a paritarias en la localidad de Valcheta durante las próximas semanas. No obstante, señaló que las negociaciones están condicionadas por la inflación. “Hay un cepo sobre las paritarias que es el nivel inflacionario. Las cifras que se manejan no reflejan la realidad que viven los trabajadores”, concluyó.
El CCCXCI Congreso General Extraordinario de UnTER resolvió declarar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro, al considerar que no responde a las demandas del conjunto de la docencia provincial ni compensa la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación.
La definición adoptada por el gremio expone el malestar del sector frente a una oferta que, según señalaron, no logra dar respuesta a la compleja situación económica que atraviesa la docencia rionegrina. Desde el sindicato advirtieron que la propuesta del Ejecutivo no contempla de manera adecuada las necesidades reales de las y los docentes, en un contexto marcado por el deterioro de los ingresos y el impacto de la inflación sobre los salarios.
En ese marco, el Congreso de UnTER resolvió exigir una urgente convocatoria a paritaria, al considerar que ese es el ámbito necesario para retomar la discusión salarial y avanzar en una propuesta superadora. Para el gremio, una nueva instancia de negociación resulta indispensable a fin de alcanzar una respuesta seria y acorde a la realidad del sistema educativo provincial.
Además, se definió convocar a un nuevo Congreso para el próximo 31 de marzo en caso de que no se concrete la paritaria antes de esa fecha. Allí se evaluará la situación y se analizará la posibilidad de retomar las medidas de fuerza que, por el momento, fueron postergadas.
Desde UnTER remarcaron que la responsabilidad del conflicto recae exclusivamente sobre el Gobierno provincial, al que acusaron de dilatar las respuestas y sostener una propuesta salarial que consideran insuficiente. En ese sentido, señalaron que la docencia ya manifestó con claridad su postura y que ahora es el Ejecutivo el que debe actuar con urgencia para destrabar la situación.
El sindicato insistió en que el Gobierno debe convocar a paritaria y presentar una oferta salarial que esté a la altura de las necesidades del sistema educativo y de quienes lo sostienen diariamente en las escuelas de toda la provincia.
El Ministerio Público Fiscal y el defensor de menores solicitaron hoy la imposición de una pena de 11 años de prisión para un hombre que había sido declarado responsable de haber abusado de una adolescente que residía en su casa en el marco de un programa de familias solidarias. El abogado del hombre pidió la pena mínima prevista de 10 años. La víctima estuvo presente de manera virtual en la audiencia.
La audiencia de cesura se realizó hoy. En primer término se escuchó la declaración de cuatro testigos, luego de ello comenzó la instancia de alegatos en la que las partes realizaron los pedidos de pena en relación al delito por el que el hombre había sido hallado culpable del 17 de diciembre pasado: abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, en concurso ideal con corrupción de menores agravada.Todo ello en calidad de autor, conforme a lo previsto en los artículos 45, 54, 119 cuarto párrafo incisos b y f en función del tercer párrafo y 125 último párrafo del Código Penal.
Durante su exposición, la Fiscalía sostuvo que el único atenuante a considerar es la falta de antecedentes penales de la persona imputada. En contraste, enumeró diversos elementos agravantes vinculados al contexto en el que se produjeron los hechos. Entre ellos destacó la situación de máxima vulnerabilidad de la víctima, quien desde muy pequeña se encontraba bajo cuidado de instituciones de protección del Estado y no contaba con familiares directos. En ese marco, el acusado integraba un dispositivo de familia solidaria, situación que —según expuso la acusación— implicaba un vínculo de confianza tanto con el Estado como con la propia víctima.
«Este hombre abusó de esa relación de confianza y de la posición de guarda, y luego buyscó ocultar lo sucedido y garantizar su impunidad», enfatizó la acusación mencionando que habría entregado dinero a la adolescente con el objetivo de que no relatara los hechos.
Además recordó que durante el juicio declararon profesionales de la psicología que destacaron que los hechos produjeron un impacto afectivo y psicológico grave en la joven, reflejados en dificultades para expresarse y establecer vínculos con sus pares. Para la acusación, la extensión del daño causado constituye un elemento central al momento de determinar la sanción, por lo que solicitó la imposición de 11 años de prisión.
Por su parte, el defsnor de los derechos de niñas, niños y adolescentes acompañó el pedido de la Fiscalía y enumeró cuatro circunstancias agravantes. Señaló, en primer término, la particular situación de indefensión de la víctima, y explicó que los abusos se producían en el domicilio del acusado cuando ambos se encontraban a solas. Indicó además que la persona declarada responsable insistía en que la adolescente permaneciera en la vivienda aun cuando su pareja manifestaba una posición contraria.
Mencionó además el aprovechamiento de la relación de confianza y el uso de dinero como mecanismo orientado a procurar el silencio de la adolescente víctima. En cuanto a la extensión del daño causado, especialmente considerando que se trataba de una adolescente institucionalizada desde pequeña que había logrado construir vínculos y un entorno en la localidad donde residía, puntualizó en que tuvo que abandonar incluso ese lugar para alejarse de la situación vivida.
A su turno el abogado particular del hombre solicitó la aplicación del mínimo de la escala penal prevista, es decir 10 años de prisión argumentando que el hombre siempre respondió a las convocatorias del Poder Judicial. Sostuvo también que la finalidad de la pena debe orientarse a la resocialización, planteando que ese objetivo no se cumple en los establecimientos carcelarios.
El tribunal interviniente indicó que la resolución final se comunicará durante la semana próxima.
La legisladora de Juntos Somos Río Negro, Marcela Rossio, expresó su beneplácito por la iniciativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para la creación de un Juzgado con competencia en materia de Familia en San Antonio Oeste, al considerar que se trata de una propuesta clave para dar respuesta a una demanda concreta de la comunidad.
Rossio señaló que el proyecto representa un avance importante para fortalecer el acceso a la justicia en la ciudad y en la región, en un contexto en el que las problemáticas vinculadas al fuero de Familia requieren cada vez más de una atención cercana, ágil y especializada.
“Se trata de un proyecto muy importante, que viene a dar respuesta a una necesidad concreta de nuestra comunidad. Sabemos que el crecimiento de la demanda en temas de familia requiere de una atención más cercana, ágil y especializada, y este avance va en ese sentido, fortaleciendo el acceso a la justicia para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo la legisladora.
La iniciativa no solo alcanzará a San Antonio Oeste, sino que también tendrá impacto en localidades como Valcheta y Sierra Grande, ya que permitirá una mejor organización del sistema judicial en la zona y una respuesta más eficiente ante situaciones que, por su naturaleza, demandan sensibilidad y rapidez.
En ese sentido, Rossio destacó que la futura puesta en funcionamiento de este juzgado contribuirá a descentralizar la atención judicial y acercar soluciones a las familias de la región, evitando traslados y demoras en trámites que suelen ser urgentes y delicados.
Asimismo, valoró el trabajo articulado entre las instituciones involucradas en la elaboración de la propuesta. Según indicó, el avance del proyecto es resultado de un análisis serio y responsable orientado a priorizar a las personas y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado.
“Destaco también el trabajo conjunto entre las instituciones, que a través de un análisis serio y responsable han podido avanzar en una propuesta que prioriza a las personas y mejora la calidad de los servicios del Estado”, afirmó.
De este modo, la creación de un Juzgado de Familia en San Antonio Oeste aparece como una medida esperada por la comunidad y como un paso relevante para fortalecer la estructura judicial en la región atlántica, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas y eficaces en asuntos vinculados a la vida familiar.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro aprobó y remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear un Juzgado con competencia en Familia en San Antonio Oeste y, al mismo tiempo, modificar la competencia del actual Juzgado N° 9, que pasaría a intervenir únicamente en materia Civil, Comercial y de Minería.
La iniciativa fue aprobada mediante una acordada del máximo órgano judicial provincial, que además designó a la jueza del Superior Tribunal, Liliana Piccinini, como miembro informante para sostener la propuesta ante la Legislatura. Según se detalla en los fundamentos, el objetivo es reorganizar la estructura judicial en la ciudad para dar una mejor respuesta a la demanda y facilitar el acceso a la Justicia.
El proyecto plantea modificar la Ley 5731, Orgánica del Poder Judicial de Río Negro, para dividir la actual competencia del Juzgado Multifuero N° 9 en dos unidades jurisdiccionales. De esta manera, se propone que el futuro Juzgado N° 15 atienda exclusivamente cuestiones de Familia, mientras que el Juzgado N° 9 continúe con causas civiles, comerciales y de minería. Ambos tendrían jurisdicción sobre San Antonio Oeste, Valcheta y Sierra Grande.
En los fundamentos, el Superior Tribunal explicó que la propuesta surge tras un análisis exhaustivo de la situación del actual juzgado local, comparando su funcionamiento con otros organismos judiciales de la provincia con competencias similares. Ese estudio incluyó indicadores vinculados con la población alcanzada, el ingreso de causas, las sentencias dictadas y la estructura organizacional.
Uno de los puntos centrales del informe es que San Antonio Oeste presenta una demanda judicial sostenida y relevante, especialmente en el fuero de Familia. De acuerdo con los datos consignados, en 2024 el juzgado local registró 248,90 ingresos cada 10.000 habitantes en ese fuero, mientras que en 2025 la cifra fue de 217,64, valores que se ubican por encima de otras jurisdicciones analizadas. A su vez, el organismo mostró un buen nivel de respuesta en relación con esa carga de trabajo.
El estudio también destaca que el Juzgado Multifuero de San Antonio Oeste combina varios rasgos relevantes: una alta tasa de litigiosidad, una importante carga de causas por magistrado, una elevada producción de sentencias y una tasa de resolución del 78 por ciento, pese a no contar con una Oficina de Tramitación Integral.
Frente a ese escenario, el Superior Tribunal consideró necesario avanzar en el desdoblamiento de competencias para optimizar la organización judicial y adecuarla a las características reales de la demanda en la región. La eventual creación del nuevo juzgado quedará ahora sujeta al tratamiento legislativo y a la disponibilidad presupuestaria que permita implementar ambos organismos.
La Brigada Rural de San Antonio Oeste informó que el pasado 16 de marzo de 2026, en el marco de un operativo preventivo realizado sobre la Ruta Provincial N° 2, personal policial interceptó un vehículo que intentó evadir un control de rutina.
Según se indicó oficialmente, tras un breve seguimiento controlado, los efectivos lograron detener la marcha del rodado y proceder a su inspección. Durante la requisa, constataron que en el vehículo se transportaba un ejemplar de fauna silvestre, en este caso un guanaco, recientemente faenado y sin la correspondiente habilitación ni documentación exigida por la normativa vigente.
Ante esta situación, se dio intervención al área de Fauna y se labraron actuaciones por infracción a la Ley Q 2056 y su decreto reglamentario. Además, se procedió al decomiso del producto cárnico transportado de manera ilegal.
Posteriormente, la carne fue desnaturalizada mediante incineración, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
Desde la Brigada Rural señalaron que este procedimiento forma parte de los operativos preventivos dispuestos para reforzar la protección de la fauna silvestre y prevenir actividades ilegales en zonas rurales de la región.
En la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría 29 Las Grutas intervino tras un llamado del nosocomio local alertando sobre la presencia de un masculino con lesiones cortantes en calle Fitalacao.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación, estableciendo que las heridas habrían sido provocadas por vidrios, por lo que el sujeto fue trasladado en ambulancia para su atención médica.
A partir de las averiguaciones realizadas en la jurisdicción, la prevención detectó daños en un local comercial ubicado sobre avenida Río Negro, donde se constató la rotura del vidrio de acceso, manchas de sangre en el interior y exterior, y la caja registradora abierta, presumiéndose la comisión de un hecho delictivo.
Con intervención de la fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del involucrado por el delito de robo, además de las diligencias de rigor, incluyendo la labor del gabinete de criminalística y la brigada de investigaciones. El propietario del comercio radicó la correspondiente denuncia y el causante permanece a disposición de la Justicia.
En una sesión atravesada por fuertes intercambios y posiciones contrapuestas, el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo Municipal que autoriza la toma de un endeudamiento por 1.000 millones de pesos, destinado a la ejecución de obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad.
La iniciativa, correspondiente al expediente 526, obtuvo la mayoría necesaria con el acompañamiento del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN) —integrado por Daniel López, Fabrio Mirano, Tomasini y Rocío Cacique, quien participó de manera virtual— junto al respaldo de Guillermo Masch (NURN) y Karina Avaca (LLA). La votación se concretó pese al rechazo expresado por los bloques opositores.
Durante el tratamiento del proyecto, los concejales de la oposición manifestaron objeciones vinculadas tanto a la legalidad como a la viabilidad económica de la propuesta. En ese marco, Matías Rodríguez (CRN) presentó un dictamen de minoría recomendando el rechazo de la ordenanza, al advertir sobre una presunta contradicción entre la toma de deuda y el contexto de emergencia económica declarado por el municipio.
El edil cuestionó además la falta de información técnica y financiera que respalde la iniciativa. Según expuso, no se contaba con detalles concretos sobre las condiciones del crédito ni con un plan preciso de recupero de la inversión. En la misma línea, el concejal Alejandro Araño (CC) expresó su preocupación por el impacto del endeudamiento en futuras gestiones, al considerar que compromete la sustentabilidad financiera del municipio a largo plazo. Asimismo, solicitó la incorporación de informes técnicos de áreas clave, planteo que no prosperó. En la misma línea la concejal González rechazó el expediente legislativo.
Desde el oficialismo, en tanto, se defendió el proyecto como una herramienta necesaria para avanzar en infraestructura urbana. El concejal Fabrio Mirano sostuvo que la Carta Orgánica Municipal habilita al Ejecutivo a gestionar financiamiento para obras públicas y remarcó que el mecanismo previsto contempla una convocatoria abierta que fijará condiciones como plazos, tasas y garantías, lo que —según indicó— garantiza transparencia en el proceso.
Por su parte, la concejal Karina Vaca argumentó a favor de la iniciativa destacando la necesidad de impulsar obras ante la falta de recursos propios, y subrayó la importancia de avanzar en el desarrollo urbano mediante políticas de financiamiento que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Asimismo, la concajel Tomassi y el concejal Masch, también apoyaron la iniciativa legislativa propuesta por el ejecutivo municipal.
Si bien la ordenanza ya cuenta con aval legislativo, desde los bloques opositores adelantaron que ejercerán un seguimiento estricto sobre la implementación de las obras y las condiciones del financiamiento, con el fin de garantizar transparencia y evitar que el costo del endeudamiento recaiga de manera desproporcionada sobre los contribuyentes.
En San Antonio Oeste, el secretario general del SPIQyP, Ariel Castillo, se refirió a la delicada situación que atraviesan los trabajadores de ALPAT, en medio de incumplimientos salariales, problemas productivos y un escenario de creciente incertidumbre.
El dirigente sindical señaló que la realidad de la empresa “no escapa a la situación general del país”, y apuntó contra el contexto económico que, según explicó, afecta directamente la producción local. “Se abrieron los mercados externos y hoy no se puede competir. Eso impacta en las ventas y arrastra toda la actividad”, sostuvo.
Frente a este panorama, Castillo remarcó que el gremio mantiene su compromiso con los trabajadores, priorizando la defensa de los puestos laborales, las condiciones de seguridad y la estabilidad económica de las familias. “No podemos detener todo ni quedarnos esperando. Tenemos que encontrar la forma de sostener la fuente laboral y acompañar a los compañeros en un contexto de incertidumbre permanente”, expresó.
El conflicto derivó en una medida de fuerza iniciada el viernes pasado, en respuesta a la falta de pago de salarios y otros conceptos adeudados. Sin embargo, tras la intervención de la autoridad laboral, se dictó la conciliación obligatoria, que fue acatada por el gremio.
Posteriormente, se desarrolló una audiencia en la que la empresa presentó un compromiso de pago que incluye no solo los salarios pendientes, sino también sumas no remunerativas, retroactivos y premios. No obstante, la reunión pasó a un cuarto intermedio para que los trabajadores evaluaran la propuesta en asamblea.
Según explicó Castillo, el primer compromiso asumido por la empresa establece que el jueves 19 deberá completarse el 30% restante del salario mensual, junto con el pago total de los conceptos adicionales adeudados. En tanto, una segunda cuota está prevista para el 31 de marzo. El dirigente advirtió que el acuerdo contempla una cláusula clara: en caso de incumplimiento, se retomarán de inmediato las medidas de fuerza.
Uno de los puntos más sensibles planteados por el gremio es el estado de los equipos y las condiciones de seguridad dentro de la planta. Castillo indicó que existen máquinas en situación crítica, lo que no solo afecta la producción sino que incrementa los riesgos laborales. “Hoy los trabajadores tienen que extremar cuidados porque los equipos están al límite. Tareas que antes se hacían en una hora ahora demandan mucho más tiempo”, explicó.
En ese sentido, remarcó que se reforzó el rol de los delegados en cada turno para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. “Ante cualquier falta de elementos de protección o situación de riesgo, el trabajo no se realiza”, afirmó. Asimismo, se exigió a la empresa la provisión de indumentaria y elementos de protección personal, que también presentan demoras.
Otro eje de conflicto es la situación de las obras sociales. El sindicato reclama la regularización de los aportes tanto a sistemas sindicales como a prestadoras privadas, entre ellas OSPECOM. “Es un tema no menor. Tiene que ver con la salud de los trabajadores y sus familias”, subrayó Castillo, quien aseguró que la empresa se comprometió a normalizar estos pagos.
Falta de decisiones desde Buenos Aires
El titular del SPIQyP también cuestionó la falta de definiciones por parte de la conducción central de la empresa, con sede en la capital del país. Según indicó, muchas de las decisiones clave no se resuelven a nivel local. “Acá hay diálogo con los gerentes, pero las decisiones se toman en Buenos Aires. Necesitamos que el gerente general o los accionistas bajen y den garantías concretas”, reclamó.
En ese marco, señaló que la propia empresa reconoció limitaciones productivas debido al estado de los equipos, y que se presentó un plan de mantenimiento y actualización que aún está pendiente de ejecución.
Castillo describió un escenario de fuerte preocupación entre los trabajadores, atravesados por la inestabilidad salarial y la falta de previsibilidad. “No es solo el sueldo, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si se va a cumplir con los pagos o no”, explicó.
Actualmente, alrededor de 450 personas —entre trabajadores dentro y fuera de convenio— dependen de la actividad de la planta. El sindicato insiste en la necesidad de garantizar la continuidad laboral y evitar despidos, tal como se había comprometido la empresa en instancias anteriores. Además, el dirigente advirtió que se aproxima un nuevo invierno y que aún no hay definiciones sobre medidas de asistencia como las implementadas el año pasado, lo que incrementa la preocupación en el sector.
Finalmente, Castillo destacó que el gremio mantiene una mesa de diálogo permanente, aunque reconoció que la situación es dinámica y compleja. “Es un día a día. Esperamos que esta vez la empresa cumpla, pero seguimos gestionando para tener garantías reales”, concluyó.
El conflicto en ALPAT continúa abierto, con plazos inmediatos que serán determinantes para evitar una nueva escalada de medidas de fuerza y para dar certezas a cientos de familias de San Antonio Oeste.
