La Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Legislación Municipal del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste trató en su temario el escrito elevado por el Consejo Local de Seguridad Ciudadana (CLSC) donde se solicitaban acciones ante la formulación de cargos ocurrida a fines de abril en una causa penal por corrupción de menores al intendente Ojeda y al legislador Iud.
El encuentro mantenido el último viernes durante la reunión de la Comisión mencionada contó con la presencia de la presidenta del espacio, Ayelén Spósito (FPV); el secretario, Fabrio Mirano (FPV) y Elizabeth Mereles (JSRN), con la participación de Luis Esquivel, y la asistencia de la secretaria Parlamentaria, Ivana Gómez, mientras que se hicieron presentes por parte del organismo que vela por la seguridad ciudadana su presidenta, María Elina Cardelli; junto a la vice, Carolina Nahir Cura, y el secretario, Carlos Emilio Pazos.
Los dirigentes vecinales manifestaron sus expectativas respecto al requerimiento formulado a fines del mes pasado mediante una nota en la que solicitaron que el cuerpo legislativo separe del cargo en forma cautelar al jefe comunal.
El requerimiento lo fundamentaron en que se encuentra en vigencia abundante normativa referidas a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Además, destacaron que Ojeda debería dejar el puesto a “efectos de no obstaculizar el proceso judicial”, y mencionaron el antecedente del caso Rubén López, ex legislador de Juntos Somos Río Negro que fue apartado de la cámara cuando lo denunciaron, también por un delito de índole sexual.
Los concejales dieron a conocer que en la sesión inmediatamente posterior a la formulación de cargos hubo un apartamiento del orden del día que permitió la expresión de los concejales sobre el tema, entre los cuales hubo pronunciamientos para solicitar al intendente municipal haga uso de la licencia hasta tanto se expida la Justicia y se decidió remitir al Poder Ejecutivo un acta con la transcripción de lo opinado al respecto por cada uno de los ediles. Finalmente la Comisión resolvió por unanimidad adjuntar el escrito presentado por el CLSC a dicha acta para la toma de conocimiento de la solicitud planteada por parte del intendente Ojeda.
Como se recordará, ambos funcionarios políticos están imputados de haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente menor de edad a cambio de dinero o drogas, según sostiene la acusación fiscal.
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