Estafas con viviendas: obligan a AZ Construcciones indemnizar a un inversor de Las Grutas





En un fallo, la jueza Agustina Naffa del Juzgado Civil N° 1 ha emitido una sentencia contundente contra la empresa «AZ Construcciones» y su apoderado, Néstor Fabián Jaramillo, en un caso de estafa relacionado con la venta de viviendas.


La demanda, presentada el 8 de julio de 2022 por un inversor que había abonado el 70% del costo de una casa prefabricada en Las Grutas, alegaba que la compañía solo había construido la platea, incumpliendo el contrato establecido. Tras dos años de frustración al intentar resolver el asunto con la empresa, el cliente decidió llevar el caso ante la justicia.

La sentencia, publicada el 6 de septiembre de 2023, ordena a Jaramillo y a AZ Construcciones indemnizar al demandante con una suma total de 3,2 millones de pesos, que incluye daño patrimonial y extrapatrimonial, así como un monto equivalente al valor de 20 canastas básicas totales para un hogar tipo 3, en concepto de daño punitivo. Todo esto debe ser abonado en un plazo de diez días.

Este no es el único caso en el que AZ Construcciones se enfrenta a cargos de estafa y incumplimiento de contrato. Según los informes, más de un centenar de denuncias han sido presentadas por familias de la región que vieron frustrado su sueño de la casa propia debido a los incumplimientos de la empresa.

Además de los problemas legales, Néstor Fabián Jaramillo, quien también se presentaba como «pastor» en una congregación evangélica en el centro de Roca, ha sido acusado públicamente de ser un «falso pastor». Las denuncias indican que utilizaba la iglesia para reclutar mano de obra y vender contratos entre los feligreses, aunque no figura en ningún registro oficial ni religioso que lo reconozca como pastor legítimo.

Además de la sentencia reciente, Jaramillo enfrenta una investigación por presunta estafa en causas que avanzaron tanto en Viedma como en Roca. En la causa de Viedma, se le han formulado cargos y se le impuso una medida cautelar de libertad restringida con una tobillera electrónica, lo que agrava su situación legal.

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