El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, dictó hoy una resolución legislativa que fija severas sanciones a vecinos, empleados municipales y hasta a funcionarios (en los casos que no estén afectados a tareas específicas), que violen la cuarentena obligatoria establecida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a causa de la máxima alerta sanitaria existente debido a la amenaza de contagio del coronavirus.
En los considerandos, el jefe comunal explica que “si bien la comunidad sanantoniense, grutense y portuaria en su mayoría han respetado el aislamiento preventivo, hay casos de personas renuentes o reticentes a acatar las medidas, poniendo en riesgo a toda la población con su irresponsable accionar”.
A renglón seguido indica que “lejos de adoptar el Poder Ejecutivo decisiones arbitrarias y atentatorias al orden republicano, claramente existe en este caso una necesidad y urgencia suficientes” como para dictar la resolución mencionada.
La medida legal, que ya cuenta con el acuerdo unánime de los bloques Juntos Somos Río Negro y Frente de Todos, establece que a los que “se los declare penalmente responsables del incumplimiento de la cuarentena, no podrán acceder por el lapso de 3 años, contados desde la fecha de la sanción penal impuesta, al beneficio del pago anticipado de impuestos, así como la posibilidad de ser beneficiario de loteos sociales”.
Entre las severas penalizaciones, se indica además que no podrán participar “en las diferentes concesiones sean de terrenos, licencias de taxis o remises”, como tampoco podrán acceder a las libretas sanitarias o a su renovación, “a la quita de intereses, y toda cuestión atinente a la competencia municipal”.
Además, a los incumplidores “se les dará de baja en el Registro de Proveedores Municipales, sin posibilidad de reinscripción por el lapso de 3 años”.
“Aquellas personas que estén vinculadas a la Municipalidad de San Antonio Oeste con una beca, un plan, relación contractual, e inclusive funcionarios de planta política, serán dados de baja automáticamente”, deja expresamente aclarado en el artículo tercero de estas medidas.
Se aclara que, si los infractores son “agentes municipales de planta permanente, se realizará sumario administrativo previo”.
El jefe comunal, quien por este tema mantuvo reuniones con la presidente del Concejo, Alicia Paugest, se basó en el artículo 83º, inciso 16 de la Carta Orgánica Municipal (COM) para dictar esta medida legal, que especifica que se puede tomar “en caso de necesidad y urgencia o de amenaza grave e inminente al funcionamiento regular de los poderes públicos, ad referéndum del Concejo Deliberante”.
Su vigencia se da por descontada, ya que debido a la cuarentena obligatoria existente y para preservar la salud de las personas que intervienen en una sesión, el legislativo no se reunirá en el plazo de cinco días hábiles que exige la COM, por lo que la Resolución del intendente Casadei quedará firme y vigente para ser aplicada.
El intendente municipal, para tomar esta serie de decisiones, cuenta con el respaldo político del bloque de concejales oficialistas, encolumnados detrás de cada una de sus decisiones, y el legal que le da la Constitución de la Provincia de Río Negro, la Carta Orgánica Municipal, el Decreto Provincial N° 236, 265, 266, el Decreto Provincial de Naturaleza Legislativa N° 1/20, los Decretos municipales N° 437, N° 461 y N° 466, el Decreto Provincial N° 293 del 18 de Marzo de 2020, el DNU N° 297 y el Decreto Provincial N° 298.
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