Editorial: estrechez financiera

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Adrián Casadei adelantó prácticamente una semana los cambios en su gabinete. Pensaba realizarlos el día 15 de octubre, pero vio la necesidad de anticiparlos, para emanar directivas el fin de semana largo a sus “nuevos” y “viejos” secretarios.

A ocho funcionarios le aceptaron la renuncia, entre ellos el secretario de gobierno y presidente de la mesa local de JSRN, Alejandro Railefe. A rigor de verdad, el nimio papel del ex concejal en su función, determinó un cambio por el saliente secretario de hacienda, Joaquín Landivar, que avizora un futuro político y menos técnico.

Además, Casadei descomprime esa área, principalmente por la causa cheques, nombrado al contador Matías Hermo, un desconocido para la política local, el mismo señaló a los medios, que llegaba de la mano del delegado en Las Grutas Nicolás Carassale, por ende, proviene del PRO.

El mandatario comunal consolidó con esta nominación, la alianza que conformaron “verdes” y “amarillos”, coalición lanzada previo a las elecciones del año pasado.

Espera el jefe municipal, tratar de descomprimir la carga de su función, prácticamente todas las decisiones iniciales y conclusivas pasaban por él. Ahora confía tomar las resoluciones finales.

Es un gabinete joven, salvo algunos casos, como el nuevo delegado del puerto Francisco Castro, los demás están en un rango menor a los 60 y 50 años.

Sorpresa en el entorno político causó el nombramiento de Oscar Echeverría, un área muy sensible, el momento clave fue la reunión esta semana por zoom del intendente con Minería de Nación. Estipuló que en ese lugar necesitaba alguien que combine relaciones políticas y conocimiento del área, por eso llamó a el ex funcionario de Saiz y Foulkes.

Pero empezamos por el final, porque la semana transcurrió con otros anuncios, que tiene que ver con la ampliación del hospital de San Antonio Oeste, las medidas sanitarias para la temporada y la reunión que tuvo el intendente con la gobernadora.

Si bien son varias las noticias, la que pasó quizás casi desapercibida, fue el pedido a la legislatura para que Río Negro se endeude en 10 mil millones de pesos, desde enero del 2021.

Esta solicitud refleja el aprieto fiscal que soporta el gobierno rionegrino, ya que debe afrontar un incremento salarial desde el mes de noviembre próximo y después el pago de la segunda cuota del aguinaldo, entre fines de diciembre y principio de enero.

La provincia, que perdió dos masas salariales de recaudación por la pandemia, según mencionó la misma Carreras. Pero pudo efectivizar el medio aguinaldo y los sueldos de agosto, tras recibir un préstamo de Nación de más de tres mil millones de pesos.

Esta nueva solicitud de endeudamiento, para el año entrante, también podrá recibir dinero del agente financiero de la provincia, en este caso el Banco Patagonia, que ante la situación económica nacional y las tasas como se encuentran actualmente, el índice de interés no será benévolo.

Además, Río Negro, aún no pudo renegociar la deuda en moneda norteamericana, que tomó para el plan Castello. 300 millones de dólares, que se encuentran, desde el mes de junio, en cesación de pagos. No es menor este dato.

Como votará la legislatura este nuevo empréstito, es una incógnita, si bien se necesita mayoría simple, el peronismo que acompañó la anterior toma de deudas, está molesto por el mecanismo de elección del Ente de Conesa. JSRN dejó enojados a la oposición y aún en los pasillos legislativos se habla del tema.

Pero como corolario de la semana, la misma gobernadora confesó que no quiere permanecer en el cargo más allá de 2023, dijo “No tengo la vocación de repetir mandato. Por mi naturaleza no tengo la disposición de permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar”.

Obviamente que la frase sorprendió a propios y extraños, porque aún le restan más de tres años de mandato. Pero los tiempos parecen acelerarse, quizás sea esa la tesitura de la gobernadora.

Aunque a simple lógica, el panorama no mejora: los contagios por Covid19 no ceden, siguen los récords día tras día; el escenario financiero nacional es una incertidumbre; las provincias viven la estrechez financiera, aumenta la desocupación, la pobreza y la caída en las actividades comerciales e industriales.

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