La legisladora de Vamos con Todos Ayelén Spósito, propone frenar ejecuciones, congelar tarifas, crear una moratoria amplia y garantizar el empleo. “No se puede mirar para otro lado mientras cierran empresas todos los días”, advirtió.
La legisladora Ayelén Spósito, integrante del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, comercial y productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas de Río Negro por el plazo de doce meses, con el objetivo de contener el impacto de la crisis sobre el entramado productivo y el empleo.
“Vamos con Todos quiere saber si el Gobierno provincial va a seguir acompañando políticas que asfixian a las PyMEs o si finalmente va a tomar medidas para defender la producción y el trabajo rionegrino”, sostuvo Spósito al dar a conocer la iniciativa.
Según datos relevados por entidades empresarias de la provincia, el 73% de los comercios calificó su desempeño como regular, malo o muy malo durante el último año, mientras que casi la mitad aseguró que sus ventas de fin de año fueron inferiores a las del período anterior. En paralelo, se registra una caída del consumo interno, aumento de costos operativos y una presión creciente sobre la rentabilidad.
La legisladora vinculó este escenario con el contexto económico nacional y el impacto de las políticas implementadas. “Las medidas de ajuste, la caída del poder adquisitivo y la paralización de la obra pública están golpeando de lleno a las economías regionales. Y Río Negro no es la excepción”, afirmó. En ese sentido, también cuestionó el acompañamiento del Gobierno provincial a iniciativas impulsadas desde Nación.
El proyecto establece la suspensión de ejecuciones fiscales, embargos y medidas cautelares contra PyMEs por deudas provinciales mientras dure la emergencia, con el objetivo de evitar su asfixia financiera. Además, propone la implementación de una moratoria amplia que contemple hasta 60 cuotas, reducción de intereses, quita de multas y un período de gracia de hasta 120 días.
Otro de los ejes centrales es la suspensión de aumentos en las tarifas de servicios públicos esenciales —electricidad, gas y agua— para el sector, junto con la prohibición de aplicar incrementos de manera retroactiva una vez finalizado el período de emergencia.
La iniciativa también incorpora un mecanismo para regularizar y cancelar deudas que el propio Estado provincial mantiene con las PyMEs proveedoras, estableciendo cronogramas de pago y la posibilidad de compensaciones impositivas. “No puede haber equilibrio fiscal a costa de empresas que prestaron servicios y no cobran”, remarcó.
Como herramienta administrativa, se propone la creación del “Certificado de Emergencia MiPyME”, que permitirá identificar a las empresas alcanzadas y facilitar el acceso a los beneficios previstos, con criterios objetivos y transparentes.
En contrapartida, el proyecto establece como condición el sostenimiento del empleo durante la vigencia de la emergencia. Las empresas que accedan a los beneficios deberán mantener su plantilla laboral, salvo situaciones debidamente justificadas.
“Estamos frente a un proceso de cierre de empresas que ya es alarmante a nivel nacional. Si el Estado no actúa, ese escenario se va a profundizar en Río Negro con consecuencias sociales graves”, advirtió Spósito. Finalmente, la legisladora sostuvo que la iniciativa “no es solo una respuesta coyuntural”, sino también un llamado a redefinir el rol del Estado provincial. “La defensa del entramado productivo no puede esperar. Cada PyME que cierra es empleo que se pierde, es desarrollo que retrocede y es comunidad que se debilita”, concluyó.
