Los legisladores de la CC-ARI, Javier Acevedo y Fernando Frugoni, presentaron denuncias penales contra las municipalidades de Darwin y General Conesa por continuar enviando intimaciones a conductores por infracciones de tránsito (control de velocidad por radar) que fueron anuladas por la Ley 5.726, sancionada y promulgada en julio de 2024.
Las denuncias, radicadas en las fiscalías de Choele Choel y Viedma, advierten sobre la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), al persistir en el cobro de multas que la ley ya declaró nulas.
La norma establece en su artículo 4º la nulidad de todas las actas de infracción labradas antes de su entrada en vigencia, excepto aquellas relacionadas con el transporte de arena silícea para actividades industriales. En consecuencia, estas infracciones deben ser archivadas de oficio por los juzgados de faltas correspondientes.
Acevedo y Frugoni señalaron que el sistema de radares implementado por algunos municipios, al margen del esquema de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, fue creado con fines recaudatorios, sin criterios de prevención, concientización o legalidad efectiva.
“Este mecanismo no fue pensado para prevenir accidentes viales ni educar a los conductores, sino para multar sin controles claros, sin garantías, sin señalización adecuada ni homologación por parte de la autoridad competente”, explicaron. “La ley llegó para terminar con este sistema perjudicial que solo afectaba al ciudadano común”.
Las denuncias incluyen documentación de intimaciones emitidas en mayo de 2025 por ambas comunas, por presuntas infracciones cometidas en octubre y noviembre de 2023 (anteriores a la ley que las anuló).
“Es grave que, pese a haber sido notificados oficialmente por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, algunos intendentes sigan ignorando y violando una ley vigente, aprobada por unanimidad en la Legislatura”, advirtieron.
Finalmente, solicitaron que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados y se avance con las imputaciones correspondientes según lo que determine la Justicia.
