Legisladores de la oposición en la provincia de Río Negro han presentado un proyecto de ley que busca aplicar tarifas o exigir un seguro de salud a los extranjeros que buscan atención médica en hospitales locales sin residencia en el país.
El bloque Pro Unión Republicana, encabezado por Juan Martín, propone cobrar la atención médica a extranjeros con estatus de «residentes temporales», «residentes transitorios» y «residentes precarios». La medida pretende compensar el impacto económico de la atención médica en el sistema de salud provincial, que se sostiene principalmente con impuestos de residentes locales.
Según los legisladores, el sistema de salud en Río Negro enfrenta problemas significativos, incluyendo escasez de insumos, deficiencias en infraestructura y demoras en la atención, exacerbados por la crisis económica en Argentina. En contraste, argumentan que los extranjeros que llegan al país en busca de atención médica gratuita no contribuyen al sistema a través de impuestos, lo que crea una situación de injusticia al recibir prioridades similares a los ciudadanos locales que sí aportan.
El proyecto propone exigir a los extranjeros sin residencia un seguro médico o cobrarles un arancel por los servicios de salud recibidos. Destaca la necesidad de asignar los recursos disponibles de manera más equitativa y asegurar la solvencia del sistema de salud provincial.
Los legisladores también señalan que otros países aplican medidas similares para priorizar la atención médica a quienes contribuyen financieramente a sus sistemas de salud. En contraste, afirman que Argentina garantiza el acceso a la salud a cualquier extranjero sin considerar su contribución al sistema, lo que perjudica a los ciudadanos argentinos que no reciben un trato prioritario en los hospitales locales financiados por los impuestos de los residentes.
El proyecto sugiere que el Estado argentino busque un régimen de reciprocidad con otros países para garantizar el acceso equitativo a la salud entre estados. El Ministerio de Salud de Río Negro sería responsable de fijar las tarifas o aranceles a pagar por los extranjeros, así como de gestionar la ejecución de seguros de salud para aquellos que lo requieran.
Sin embargo, el proyecto asegura que no se restringirá el acceso a la atención médica a los extranjeros que lo necesiten, especialmente en casos de emergencia o riesgo de muerte, aunque se prevé que los gastos ocasionados sean recuperados posteriormente.
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