La directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó que los episodios comenzaron a registrarse desde mediados de la semana pasada y que, desde entonces, se trabaja en una estrategia integral para abordar el fenómeno. “Desde el primer momento empezamos a pensar en tejer redes de articulación para el trabajo conjunto, con nuestros referentes territoriales y otros organismos”, señaló.
En ese marco, el Ministerio decidió reforzar la difusión de un documento clave: las orientaciones de actuación ante situaciones vinculadas al uso o amenaza con armas de fuego en las escuelas. Este material, ya disponible desde hace tiempo, volvió a circular entre las instituciones con el objetivo de unificar criterios de intervención.
Protocolo de actuación y articulación inmediata
Strahl detalló que, ante la detección de una amenaza, se activa un procedimiento específico que incluye la notificación inmediata a las autoridades educativas y la comunicación paralela al 911. Además, se establece la preservación de la evidencia —como carteles o mensajes— y la correspondiente denuncia ante la fiscalía o la comisaría local.
Otro aspecto central es la comunicación institucional hacia las familias. Según explicó la funcionaria, se busca garantizar mensajes claros, precisos y oficiales que informen la situación y orienten sobre los pasos a seguir, evitando la propagación de versiones erróneas o alarmistas.
“El trabajo tiene que ser organizado y coordinado. No solo se trata de intervenir ante el hecho puntual, sino también de generar condiciones para abordar la situación en su conjunto”, indicó.
Prevención, convivencia y uso de redes
Más allá de la emergencia, desde Educación remarcan que el desafío es estructural y de mediano plazo. En ese sentido, se impulsa la revisión de los acuerdos escolares de convivencia, normas que se construyen de manera participativa entre directivos, docentes, estudiantes y familias, y que establecen pautas de respeto y organización dentro de las instituciones.
Strahl advirtió que estos acuerdos deben actualizarse de forma constante ante una realidad social cambiante. “No es una tarea de pocos días. Es un tema que llegó para instalarse y debe ser abordado de manera sostenida”, sostuvo.
Asimismo, se plantea la necesidad de trabajar pedagógicamente con los estudiantes sobre el uso responsable de las redes sociales, los riesgos asociados a la difusión de mensajes violentos y las consecuencias legales y sociales de este tipo de conductas. En paralelo, se promueve un mayor involucramiento de las familias en la vida escolar y en el seguimiento de estas problemáticas.
Medidas preventivas y dispositivos de seguridad
En algunos establecimientos, y en función de acuerdos con la comunidad, se implementaron medidas preventivas específicas para los días en que se detectaron amenazas. Entre ellas, el acompañamiento de padres en el ingreso, la presencia policial e incluso la utilización de detectores de metales.
Desde el Ministerio aclararon que estas decisiones no son uniformes, sino que responden a definiciones propias de cada institución en diálogo con las familias y autoridades locales, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las clases.
No obstante, Strahl advirtió sobre los riesgos de sobrerreaccionar ante amenazas no confirmadas: “Entendemos que suspender actividades sin certezas puede contribuir a propagar estos hechos. Por eso, la clave es concientizar y trabajar de manera corresponsable”.
Acompañamiento integral y trabajo interinstitucional
La provincia cuenta con una red de acompañamiento territorial para situaciones complejas, integrada por equipos técnicos interdisciplinarios —psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y trabajadores sociales— que asisten a las instituciones educativas.
Estos equipos, conocidos como ETAP, trabajan en conjunto con docentes y directivos, y dependen de la Dirección de Inclusión. Su rol es clave para contener a las comunidades escolares y abordar integralmente los conflictos.
Además, el Ministerio avanzó en la articulación con otros organismos como Salud y la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), con el objetivo de conformar mesas de trabajo territoriales que permitan intervenciones coordinadas y más eficaces.
Una problemática que interpela al sistema educativo
Finalmente, la funcionaria planteó que la reiteración de este tipo de mensajes a nivel nacional debe interpretarse como una señal de alerta sobre las demandas de los jóvenes. “Esto también nos obliga a detenernos y pensar qué está pasando, qué necesitan nuestros estudiantes y cómo los estamos escuchando”, reflexionó.
En ese sentido, subrayó que las amenazas dejan de ser un simple mensaje replicado para convertirse en una problemática que involucra valores fundamentales como el respeto por la vida y la convivencia social.
El desafío, concluyó, es construir entornos escolares seguros que permitan enseñar y aprender, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones educativas y las familias frente a un contexto cada vez más complejo y dinámico.
