El titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, denunció a ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, empresarios y un juez por haber reformulado un régimen de promoción industrial que terminó beneficiando a una firma que hoy pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López. Se trata de la empresa Alcalis de la Patagonia SA, dedicada a la producción de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, que gracias a esa reforma habría conseguido un acuerdo preventivo extrajudicial y así habría licuado una deuda de casi 250 millones de pesos de aquel momento que la firma tendría con el Estado Nacional, dice la denuncia. Según se indicó en la página de noticias www.fiscales.gob.ar de la Procuración, Rodríguez denunció ante la justicia federal que ex integrantes del gabinete de Néstor Kirchner habrían abusado en su gestión del ejercicio de la función y quebrado la fidelidad asumida al simular la reunión de una serie de condiciones requeridas por la Constitución Nacional para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).  En la nómina de funcionarios acusados de «administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso defraudatorio», el fiscal de la PIA incluyó a Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Alicia Kirchner, José Pampuro, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Rafael Bielsa, Horacio Rosatti, Carlos Tomada y Julio De Vido, entre otros. Varios de esos ex funcionarios ya se habían alejado del Gobierno de Néstor Kirchner cuando -según el fiscal- comenzó en 2006 el proceso de saneamiento de la empresa: Lavagna, por ejemplo, había renunciado a fines del 2005 por diferencias en la política económica, mientras que Rosatti -hoy ministro de la Corte Suprema- también había dejado la cartera de Justicia a mediados de 2005 tras frenar una sospechosa licitación para la construcción de cárceles con supuestos sobreprecios, indicaron a DyN fuentes consultadas. En su denuncia, el fiscal Rodríguez también denunció al juez Gustavo Toquiera, a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, y a los empresarios Raúl Zamora y Fabián De Sousa, socio de López y procesado en la causa «Los Sauces» junto a la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Rodríguez entendió que había que investigar si los denunciados participaron de una maniobra que, por un lado, habría beneficiado a la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos a través del mencionado DNU. Y, si por otro, se habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente 250 millones de pesos por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración pública. Para el fiscal, los hechos se habrían iniciado en 2005 cuando el entonces presidente Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia mediante el DNU 475/05. Pero en junio de 2006, la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral SA, cuyos presidente y vice eran entonces De Sousa y Zamora, respectivamente, y ahí comenzó el proceso de saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Investment, como también al Estado nacional. La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la Dirección General de Asuntos Jurídicos) que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público. De acuerdo con la presentación del fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo «habría exhibido una serie de graves irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención fiscal, etc.- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado Nacional». (Telam)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó hoy la “inhibición general” de todos los bienes de Cristóbal López en la causa que investiga una deuda fiscal de $ 8000 millones. La medida alcanza a los bienes de su socio y lugarteniente Fabián de Sousa y los de todas las empresas que integran el Grupo Indalo.

El juez federal Julián Ercolini había ordenado el 13 de julio de 2016 congelar todos los activos de López y su emporio con el objetivo de evitar que se insolvente o que se reduzcan las posibilidades de que el Estado recupere esos $ 8000 millones. “Estimo que con relación a las medidas propiciadas -había explicado Ercolini en su resolución-, en su mayoría resultan de razonabilidad suficiente para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes y/o ganancias que podrían constituir, en definitiva, el producido o provecho del delito bajo pesquisa”, había indicado. El juez Ercolini había dispuesto que la inhibición alcanzara a López y a De Sousa y a todas las empresas del grupo. Entre otras, la petrolera Oil Combustibles SA, Álcalis de la Patagonia (Alpat), la constructora CPC, Ganadera Santa Elena SRL, la productora Ideas del Sur y la Inversora M&S, La Salamandra SA, Oil M&S, la fábrica Paraná Metal, Petrolera Cerro Negro, South Mineral SA, Telepiu SA -controlante del canal de cable C5N- y Votionis SA -Radio 10-. La Sala I Criminal y Correccional Federal ratificó hoy esa decisión de primera instancia del juez Ercolini. Con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (subrogante), ratificó la medida porque los empresarios “no han logrado demostrar con éxito que la inhibición general de bienes le[s] genere un perjuicio concreto, directo y actual que merituar a los fines de resolver su conservación o revocatoria”. La inhibición general de bienes fue confirmada “con el grado de provisionalidad que aquí se debate”, es decir, como medida preventiva. La Cámara Federal adoptó esta decisión pese a que hace diez días había resuelto enviarla investigación al fuero en lo Penal Económico. El 14 de febrero, los camaristas Ballestero y Eduardo Freiler habían declarado la incompetencia de los tribunales de Comodoro Py para seguir adelante con la causa, cosa que beneficiaba a López. Dónde se tramita la investigación no es una simple cuestión técnica: López y De Sousa bregaron durante meses para llevar la investigación al fuero en lo Penal Económico. Aunque las penas previstas en la ley Penal Tributaria son más altas, los dueños del Grupo Indalo apuntan a cancelar la deuda y cerrar así el frente penal que se cierne sobre ellos.

El expediente

La causa investiga el desvío de $ 8000 millones que Oil Combustibles recaudó a través del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (IITC), que no remitió a la AFIP y que, según reveló LA NACION, giró a Inversora M&S y Oil M&S para financiar el crecimiento del Grupo Indalo y cubrir pérdidas millonarias de algunas de sus empresas. Esta deuda después fue incluida en un plan de pagos de la AFIP a diez años que licuaba lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación. (Fuente: La Nación)