El concejal Fabrio Mirano (FPV) presentó un proyecto de ordenanza que determina las pautas para la disposición final de los desechos de langostinos, en base al convenio que provincia y municipio firmaron con la empresa TSB, de la familia Urcera, para utilizar como vertedero un campo de su propiedad ubicado a 15 kilómetros por la ruta provincial 2.
La norma encuadra no solo a las empresas pesqueras, sino también a cualquier persona que sea sorprendida tirando residuos del crustáceo fuera del lugar asignado, y fija para esos casos una multa de 100 USAM –Unidad de Sanción Municipal- en primera instancia, y de 200 cuando sea reincidencia. (Se deber remarcar que cada USAM equivale a 466,60 pesos).
Además se establece que las sanciones se cargarán a las tasas retributivas del responsable. Se incluye la inhabilitación del titular o empresa involucrada para realizar cualquier trámite administrativo en el municipio hasta que no se cumpla con el pago.
En tanto que se encomienda a la Secretaria de Medio Ambiente y Producción a realizar las inspecciones correspondientes mediante la realización de actas de infracción con la toma de fotografías.
Se especifica que desde esa dependencia se deberá remitir una copia del acta de infracción y fotos al Juzgado de Faltas Municipal N°2 para su ejecución e implementación.
Entre los argumentos de la iniciativa, Mirano indicó que “la actividad relacionada a la captura de langostinos genera enormes cantidades de desechos, que arrojados en espacios públicos, privados, verdes, costeros, y en las adyacencias de rutas, caminos y accesos de nuestra ciudad generan un daño al medio ambiente perjudicando a los habitantes del ejido urbano”.
Destacó asimismo que “controlar a aquellas personas que tienen la responsabilidad del transporte de los desechos de langostinos es sumamente importante para proteger el espacio público común y de tal manera prevenir los olores que estos generan”.
