La oposición en Rio Negro se encuentra ante un dilema sobre la aprobación (o no) del plan presentado por el gobierno, su voto define. La aprobación demanda el acuerdo de 31 legisladores y el oficialismo cuenta con 26 propios.-
La disposición constitucional (art 95) coloca como actores centrales a los legisladores de la oposición. Oponernos sin más significaría la imposibilidad de concretarse obras para miles de rionegrinos, los de puestos de trabajo a generarse, sumado a la inexistencia de otras fuentes de financiamiento. Y aprobar sin mayores miramientos, es acoplarnos a la función del oficialismo de aprobar lo que envía el poder ejecutivo.-
A principio de año se presentó un borrador donde se enumeraban de forma caótica obras de todo tipo. Unas importantes, junto a otras de dudosa trascendencia. Se mezclaron cloacas o interconexión eléctrica con la digitalización de canal diez, pasando por reparación de aeródromos y obras de riego para el desarrollo. Hasta ahí no parecía técnicamente un Plan.-
Nuestra primera reacción fue solicitar el retiro de todo lo “no prioritario”. Afirmamos “…En una ciudad que no tiene agua, o que muchos vecinos no cuentan con gas, no es lo más urgente reparar un aeródromo…”, por ejemplo. El segundo paso fue exigir que los fondos debían “blindarse” para asegurar la ejecución de las obras comprometidas.
A fines de marzo el gobierno presentó un Proyecto de Ley donde se autoriza un endeudamiento por hasta 580 millones de dólares para obras publicas provinciales, creándose un fondo fiduciario para la administración de los recursos, y disponiendo créditos para los Municipios (10% del total). Se completa con el listado de obras globales en 4 grupos.-
Avanzamos proponiendo que la administración de los fondos se asigne a una firma con solvencia y capacidad en el mercado, y sugerimos a la estatal “Nación Fideicomisos”.
Respecto de la propuesta de una comisión de seguimiento (a diferencia de las tantas que han existido), planteamos que sus decisiones deberían contar con el aval de la oposición (2/3), especialmente en lo concerniente a prioridades (o cambios) en obras que se ejecutarán de acuerdo a la disponibilidad de fondos.-
Estudiamos el mercado así como antecedentes provinciales en la materia. A hoy son 11 provincias con 18 emisiones en el último año. Las tasas varían de 6 a 6.5 % a 6 años, y a 10 años (o más) se eleva de 7 a 9 %. Sobre la cuestión no encontramos demasiados misterios, solo que la tasa efectiva depende de las condiciones del mercado y la estructura del bono.-
Requerimos que todos los proyectos cuenten con toda la documentación requerida para su ejecución al momento de la llegada de los fondos. Y paralelamente exigimos que en la ley, cada obra propuesta tenga su presupuesto individual.
Ahondamos en las críticas de los Intendentes respecto de la poca incidencia de las obras en algunas ciudades, o la imposibilidad de endeudamiento de los municipios, así como la distribución de los fondos por el índice de coparticipación.
Solicitamos que una parte de los fondos se asigne en partes iguales y otro tanto por índice de coparticipación, procurando una distribución más justa entre en los municipios, y en carácter no reintegrable, alentando a ejecutar obras con recupero, y así conformar un verdadero fondo específico que permita a los municipios contar con recursos para obras por varios años.-
En conclusión, el borrador de enero ha sufrido algunas modificaciones plasmadas en el proyecto finalmente presentado, y que responden a nuestras constructivas críticas. Al día de la fecha, las propuestas enumeradas aún están en estudio.
En este proyecto la oposición se ha mostrado con un gran sentido de la responsabilidad, aportamos ideas y propuestas para mejorar la iniciativa oficial. No quisimos caer en el facilismo de pararnos en oposición por la oposición misma. Pero ahora es el Gobierno quien debe resolver las inquietudes.-
Queremos ser una oposición competitiva, y no obstruccionista. Ello nos da seriedad para proponer el día de mañana la alternancia en el poder.
*Legislador por el FPV San Antonio Oeste
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