Las diputadas nacionales Silvia Horne y María Emilia Soria se reunieron con la Multisectorial de San Antonio Oeste que está reclamando que se terminen los trabajos de remoción del plomo y metales pesados abandonados en el acceso a la ciudad.
Trabajaron en la presentación como “amicus curiae” (que se puede traducir como ‘amigo del tribunal’) ante la justicia, de manera de salvaguardar la salud de los sanantonienses y que se cumpla con el compromiso estatal de llevar a una celda de disposición final todos los tóxicos presentes en la tierra.
El amicus curiae es un informe escrito que puede ser presentado por una persona natural o jurídica que, aunque no se parte directa de un caso, interviene en él para defender un interés de trascendencia general, como cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales.
Hay que recordar que en San Antonio causó indignación que el gobierno nacional anunciara que dará por terminado el contrato con Taym (la empresa que está saneando el pasivo que dejó la firma Geotécnica en los 80) sin haber finalizado la ejecución de la obra, es decir, dejando gran parte del material sin remover. El contrato con la empresa se firmó a partir de un crédito del BID. La empresa se justifica diciendo que la concentración de tóxicos fue mayor a la que consignó el estudio técnico realizado por la consultora URS Corporation.
La Multisectorial pretende que la zona quede completamente saneada, no pueden quedar restos sin remover porque sino la localidad seguirá expuesta a una contaminación.
Anunciaron que el objetivo es “definir los pasos a seguir después del anuncio de Nación de dar por terminado el contrato con Taym (la empresa que está saneando el pasivo desde abril) sin haber finalizado la ejecución de la obra)”.
En el mismo escrito, el grupo explica que aspira a “tomar la mejor decisión en este momento crucial del proceso”.
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