La conducción de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) denunció públicamente que el Gobierno provincial dispuso la quita de licencias gremiales a dos de sus principales referentes y avanzó con la apertura de un sumario administrativo contra una de ellas, en lo que calificaron como una medida “antisindical”.
Según informó el gremio, la decisión oficial dejó sin efecto las licencias gremiales de la secretaria general, Cesira Mullally, y de la secretaria gremial, Marisa Albano, al tiempo que se inició un proceso administrativo contra esta última.
Desde ASSPUR interpretaron la medida como parte de una escalada de tensión entre el Ejecutivo provincial y los trabajadores del sistema de salud, en un contexto ya marcado por reclamos salariales y cuestionamientos a las condiciones laborales.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que se trata de “un ataque directo a quienes alzan la voz”, y advirtió que la decisión no solo afecta a sus dirigentes sino que también vulnera derechos fundamentales de los trabajadores.
Asimismo, la organización exigió el cierre inmediato del sumario administrativo y la restitución de las licencias gremiales, al considerar que la medida contradice garantías constitucionales y normativas vigentes en materia de libertad sindical. Entre ellas, mencionaron el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley 23.551 y convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de tensión entre el Gobierno de Río Negro y distintos sectores estatales. En los últimos días, gremios han manifestado su malestar por la situación salarial y por decisiones oficiales que, según denuncian, profundizan el deterioro del diálogo.
Frente a este panorama, ASSPUR convocó a organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y trabajadores de la salud a mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente, en señal de rechazo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
El conflicto, lejos de encaminarse hacia una resolución, parece abrir una nueva etapa de confrontación entre el Gobierno provincial y el sector sanitario, con impacto en el clima laboral y en el desarrollo de las negociaciones en curso.
