Por la pandemia de Covid-19 alrededor de 70 detenidos en las cárceles de Río Negro recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir con la cuarentena obligatoria en sus casas.
Estarán con tobillera electrónica hasta que finalice el aislamiento. Afirmaron que se analiza caso por caso y que en la provincia no existe una liberación indiscriminada.
El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, habló con LU19 y confirmó que hasta el 25 de abril pasado fueron aproximadamente 70 los presos rionegrinos que recibieron la prisión domiciliaria por la pandemia de Covid-19, y que se trata de detenidos por delitos comunes. “No existe una salida masiva en Río Negro”, aseguró.
Crespo dijo que se planteó ante el STJ pedidos que hablaban de la liberación de la totalidad de los detenidos en la provincia, pero fue rechazado. “Cada presentación es analizada caso por caso. No es cierto que existen las liberaciones masivas. Deben ocurrir determinadas circunstancias para poder pedir a los jueces la petición para mejorar las condiciones de detención de los internos. Por lo general estas personas son quienes estaban en condiciones de semilibertad o cerca de agotar la pena. En su mayoría se trata de personas que trabajaban todo el día y volvían a dormir al penal, pero por la cuarentena quedaron muros adentro. Son ellos quienes accedieron a la morigeración de la condición de detención”, indicó Crespo.
El procurador informó que hasta el 25 de abril pasado fueron 70 las personas que recibieron este beneficio y que hubo 800 pedidos más. “Quienes obtienen la prisión domiciliaria, además de una pulsera electrónica hay un garante de la libertad y un informe socioambiental del lugar donde va a residir. La Provincia cuenta con los dispositivos electrónicos para el control. Son detenidos por los denominados delitos comunes como robos, amenazas, hurtos, y hay otras excepciones como por ejemplo una mujer adulta de Roca detenida por homicidio y con problemas de salud. Luego llegaron alrededor de 800 pedidos”, contó Crespo.
Dijo que hay casos en los que el Ministerio Público Fiscal entiende que no están dadas las condiciones y se opone, como fue en el caso de Pablo Muñoz, condenado a 20 años por la causa conocida como Megabanda en Cipolletti.
“Esta gente no recuperó la libertad, se trata de una morigeración de la condición de detención, Luego de la cuarentena, vuelven al penal a cumplir condena. Las víctimas son informadas cuando se toma esta decisión, y pueden presentan planteos”, aseguró Crespo. (Fuente LMCipolletti)
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