Gremios denunciaron favoritismo político y selección “a dedo” de los aspirantes a ocupar cargos como porteros (personal de servicios de apoyo) en los establecimientos educativos de la provincia. El Frente de Todos solicitó informes al Ministerio de Educación y pidió “igualdad de oportunidades para el acceso al empleo público”.
El bloque del Frente de Todos presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación para conocer la metodología utilizada por esa cartera en el proceso de contratación de Personal de Apoyo en las escuelas de Río Negro, para el ciclo lectivo 2021.
Los legisladores solicitaron, además, datos sobre la cantidad de personas contratadas para cumplir esta función y los establecimientos a los que serán destinados. También, y en cada caso, si existió efectivo requerimiento formal del equipo directivo de las escuelas en las que prestarán servicios los nuevos agentes.
La solicitud, con las firmas de María Alejandra Mas, Alejandro Marinao, María Eugenia Martini, Daniel Belloso, Luis Noale, María Grandoso, Gabriela Abraham, Luis Albrieu, Nicolás Rochas y Ramón Chiocconi, tiene por objeto asegurar que se cumpla con el criterio elemental de igualdad de oportunidades para el ingreso al empleo en el ámbito público, y a detectar si existen casos de favoritismo por afiliación política para la incorporación a dichos planteles, tal como trascendió durante los últimos días.
“Creemos fundamental que se cumplimenten los requisitos establecidos en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública estipulados en la Ley 3487 que fija la edad mínima de 16 años, la acreditación de la idoneidad para el empleo, la aprobación del examen preocupacional y de aptitud psicofísica para el puesto a desempeñar, tener domicilio legal en la provincia y ser argentino nativo, por opción o naturalizado, contemplando asimismo los impedimentos que impone la misma norma”, expresaron los legisladores.
Destacaron que “el personal de apoyo de las escuelas cumple una tarea fundamental en el sostenimiento del sistema educativo, más aún en momentos de pandemia, cuando se prevé el regreso a la presencialidad. El Estado debe garantizar que quienes ingresen a cumplir esa función tengan la capacidad y la aptitud para ello”, señalaron.
Resaltaron además que “en tiempos de amplia demanda ocupacional la equiparación de las oportunidades para la obtención de empleo en el ámbito público debe estar plenamente garantizada”, y que resulta “inaceptable que se discrimine a los postulantes por su afiliación partidaria. No se puede especular políticamente con la angustia de la gente”.
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