El Concejo Deliberante aprobó una Resolución que encomienda al Tribunal de Cuentas Municipal –TCM- iniciar Juicio de Cuentas y Responsabilidad a los funcionarios del Poder Ejecutivo que intervinieron en la contratación de un taller mecánico para la reparación de vehículos oficiales, por exceder el monto máximo para el procedimiento de compra directa dispuesto por Ordenanza N° 5290/16.
El requerimiento fue impulsado por la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, y aprobado por mayoría.
Votaron a favor el presidente del cuerpo, Luis Esquivel (FPV); José María Clemant, Elizabeth Mereles y Alejandro Railefe (JSRN) y Diego Colantonio (UCR).
En contra lo hicieron Ayelén Spósito, Fabiana La Biunda, Fabrio Mirano y Jorge Sánchez Pino (FPV).
El procedimiento lo promovió el TCM a principios de mes mediante un informe que envió al Deliberante, en el que observó irregularidades en el acuerdo celebrado entre la titular del taller, María Cristina Ruibal y el Poder Ejecutivo comunal, que lo refrendó por Decreto 205/17.
El contrato especificaba que Ruibal debía brindar “el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos determinados” en el documento y que las objeciones surgen debido a que “comparando las órdenes de pago N° 19042 y 19359 efectuadas, y el contrato, hay exceso de los montos realizados, contrariando así la Ordenanza 5290/16.
Ambos pagos fueron por 39.000 pesos, y llevan la rúbrica de Luis Noale, entonces secretario de Servicios Públicos, y la de Leandro Michelli, actual titular de esa área.
También se detectó que “no se cumple en la cláusula nro. 20, ya que la misma establece que de cada diez unidades reparadas se bonificará la número once si existiesen repuestos y si fuesen reparables”.
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