La situación en la empresa ALPAT continúa siendo crítica, y desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), Ariel Castillo brindó detalles de los últimos avances y preocupaciones en torno a la continuidad laboral, los salarios y la producción.
Castillo explicó que se realizó una nueva audiencia —esta vez de manera virtual— donde se acordó un cuarto intermedio. “La situación es durísima. Si bien se presentó una contrapropuesta por parte del sindicato, el mayor obstáculo sigue siendo la falta de confirmación de fondos comprometidos por el Gobierno. La empresa, sin ese dinero, no puede avanzar”, afirmó.
Uno de los puntos centrales es la incertidumbre sobre la fecha de pago de los haberes. “No está confirmado si va a ser el 5, el 10 o el 15. Se proyecta pagar el 100% de los sueldos durante la primera quincena, en tres etapas, a la espera del aporte económico del Estado”, explicó el sindicalista. La situación de la obra social también está en proceso: aunque se esperaba que se activara el 1° de mayo, hubo demoras administrativas y ahora apuntan a tenerla operativa para el 1° de junio.
Respecto al conflicto de fondo, Castillo fue claro: “Se pueden recibir ayudas por cuatro meses, pero si no se resuelve la cuestión estructural de la empresa, como la comercialización del producto y la firma de contratos, va a seguir necesitando asistencia. Hoy el producto nacional compite en desventaja frente al que entra desde el exterior, muchas veces de inferior calidad pero sin aranceles”.
El dirigente detalló que se está trabajando con legisladores nacionales, como los senadores Larraburu y Doñate, en un proyecto para proteger la industria nacional y facilitar la inserción del producto de ALPAT en el mercado del litio. “Ya hay un proyecto presentado en el Congreso. Necesitamos que se trate en bloque, como lo está haciendo el bloque patagónico”, señaló.
Sobre la producción actual, informó que ALPAT está operando a niveles bajos, con aproximadamente 90 mil toneladas mensuales, lejos de las 120 mil necesarias para lograr estabilidad. “La empresa quiso condicionar algunos avances a la mejora en los niveles de producción, pero logramos que eso se retire del acta porque hoy no es un parámetro válido”, aclaró.
Otro tema delicado es la posible reducción de personal. La empresa lanzó un plan de retiros voluntarios que inicialmente vencía el 26 de mayo, pero tras la última audiencia se extendió por tres semanas más. “Se habla de reducir hasta 80 puestos. Veremos cuántos se acogen al plan para luego definir si habrá despidos u otras medidas”, indicó Castillo.
En cuanto al vínculo con la nueva federación, SPIQyP ya presentó la documentación correspondiente y espera la resolución del Ministerio para oficializar el traspaso. “Estamos trabajando en todos los frentes: político, sindical y administrativo”, dijo.
Por último, Castillo remarcó que la situación no solo afecta a los trabajadores de ALPAT, sino a toda la comunidad de San Antonio Oeste: “Cuando la planta no paga, el comercio no vende, la gastronomía se vacía y todo se resiente. Por eso es fundamental sostener esta fuente de trabajo”.
El sindicato espera en los próximos días una audiencia con el gobernador, que podría ser clave para destrabar el envío de fondos comprometidos y garantizar algo de estabilidad mientras se busca una solución definitiva para la empresa.
