a diputada nacional María Emilia Soria se refirió a la reforma laboral, tributaria y previsional que planea llevar adelante el gobierno del presidente Mauricio Macri y que será tratada próximamente en el Congreso de la Nación.
“Esta reforma no puede analizarse de forma separada, ya que la decisión de modificar la estructura de impuestos provocando un menor ingreso por parte del Estado, debe ir acompañada indefectiblemente de un menor gasto, que en este caso se pretende hacer a través de las jubilaciones y pensiones. Entra en juego el dilema de la manta corta: si se tapa la cabeza se destapan los pies. Está claro que este modelo neoliberal tira fuerte de la manta y que son los jubilados, los trabajadores y el interior del país los que salen perdiendo.
Con ayuda de los medios de comunicación, esta reforma se intenta vender con títulos marketineros que no implican mejoras sustanciales respecto de la situación actual y esconden la pérdida de beneficios para muchos jubilados y el avasallamiento de derechos fundamentales para los trabajadores argentinos. El reemplazo, por ejemplo, de la Ley de Movilidad actual por otro mecanismo de actualización de haberes en base a la inflación del Indec se promociona como que “garantizará aumentos por encima de la evolución de la inflación”. Si bien no hay precisiones sobre cuánto mayor a la inflación serían los aumentos, cualquier cálculo sobre la base arroja que estas subas resultan menores respecto de lo que les correspondería con la movilidad vigente. Subas que no son tales en realidad, porque al atarse a la inflación, lo que se hace es garantizar a los jubilados seguir cobrando siempre lo mismo, la mejora no existe, van a tener siempre el mismo poder de compra. Por otra parte si el calculo inflacionario se hace sobre la canasta básica de una familia tipo sin tener en cuenta, por ejemplo, los altos costos de los medicamentos que consumen los jubilados, ni siquiera se les mantendrá ese poder de compra.
A partir del acuerdo fiscal con las provincias que beneficia principalmente a Buenos Aires, la Anses resignará unos 115 mil millones de pesos en 2018 – según estima el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) -. Con la modificación de la Ley de Movilidad jubilatoria, se recortan los aumentos de haberes no solo a los jubilados, sino también a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas (invalidez y otras), pensión universal para el adulto mayor y pensiones a ex combatientes de Malvinas.
El título de que “las jubilaciones tendrán garantizado el 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos” puede sonar positivo para un distraído, pero en realidad no significa una mejora esencial, ya que actualmente el salario mínimo es de 8860 pesos y la jubilación mínima de 7246 pesos, es decir el 81,7%. Llegando al 82% la jubilación aumentaría solamente 19 pesos. A ello se suma la inclusión por primera vez de la posibilidad de extender la edad para jubilarse hasta los 70 años, que no es más que una puerta abierta al sórdido camino a la suba de la edad jubilatoria.
Así como permanentemente este gobierno recurre al lema de la pretendida seguridad jurídica para atraer la lluvia de empresas inversoras que nunca llega, hubiese sido loable que tuviera la misma preocupación respecto de la seguridad jurídica de nuestros jubilados, a quienes primero utilizó para justificar la ley de blanqueo de capitales con la supuesta “reparación histórica” y un año después les modifica el calculo del haber proponiendo sin sonrojo, este duro ajuste para el sector.
El incremento de la jornada laboral de 8 a 10 hs; el cambio del calculo del haber indemnizatorio sobre el bruto (+ items como aguinaldo, horas extra, etc.) al calculo sobre el básico (sin esos items); la eliminación de hora extra pagada al 50%; la creación de un “fondo de cese laboral” para que ya no sea el empleador sino el trabajador quien pague su propia indemnización; la desprotección para trabajadores tercerizados; la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo; y habilitar a los trabajadores para renunciar a sus derechos laborales son algunas de las medidas de precarización laboral que retroceden a pasos agigantados sobre las grandes conquistas sociales del ultimo siglo.
Vamos a dar batalla a esta reforma antipueblo y promercado. Lejos de permitir o acostumbrarnos a la desprotección por parte del Estado, vamos a seguir peleando por los derechos de los trabajadores y de los jubilados; y vamos a seguir levantando la voz del interior porque renunciar a lo que nos corresponde no es una posibilidad. Esta manta no se negocia».
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