miércoles, junio 25, 2025
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Preocupación por el material de descarga del oleoducto en puertos de otras provincias: la FEPA respaldó el reclamo local

El malestar crece entre los trabajadores portuarios del Golfo San Matías luego de que un barco con materiales para el megaproyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur, cuya descarga estaba originalmente prevista para el puerto de San Antonio Este, fuera desviado hacia Puerto Madryn (Chubut).


La situación fue calificada como “una falta de respeto a los acuerdos y compromisos asumidos” por parte de los sindicatos y provocó la inmediata intervención de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA).

En respuesta al reclamo, Marcelo Osores, secretario general de la FEPA, viajó hasta San Antonio Oeste y mantuvo una importante reunión con Osvaldo Mendoza, titular del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), para interiorizarse de la situación y definir una postura común. El encuentro se realizó en la sede sindical con la presencia de trabajadores, delegados, y medios de comunicación locales.

Reclamo gremial por una decisión inconsulta

Según explicó Mendoza, el día 24 de mayo el SOPSAO emitió un comunicado formal expresando su rechazo a la maniobra que excluyó al puerto rionegrino del proceso de descarga de equipos esenciales para la construcción del oleoducto que unirá Añelo con Punta Colorada. “Se generó una expectativa legítima de trabajo en nuestra comunidad portuaria, respaldada por una ley provincial y por anuncios públicos recientes del Gobierno de Río Negro. Pero de un día para otro, sin explicaciones, nos enteramos que el buque descargó en Madryn”, denunció el dirigente sindical.

El puerto de San Antonio Este había sido mencionado por el propio gobierno provincial como una infraestructura clave para las operaciones logísticas vinculadas al oleoducto. De hecho, la Legislatura rionegrina sancionó una norma que refuerza la participación de los puertos provinciales en proyectos de desarrollo energético, medida que, hasta ahora, no se estaría cumpliendo en los hechos.

Apoyo de la Federación y críticas a la falta de transparencia

Durante su intervención, Osores subrayó que el problema trasciende lo local y afecta al conjunto del sistema portuario nacional. “La logística de un proyecto de esta magnitud no se improvisa. Si hubo un desvío, debía comunicarse con antelación y justificarse. No se puede jugar con las fuentes de trabajo de manera arbitraria”, afirmó. Además, aseguró que la federación está en estado de alerta y que respaldará cualquier acción que decidan los trabajadores de San Antonio Este, siempre dentro del marco de la ley.

Asimismo, apuntó contra la “manipulación de expectativas” por parte de actores empresarios y políticos: “Se anunció inversión, se anunció trabajo, se generó ilusión. Pero si no hay cumplimiento ni explicaciones, lo único que queda es frustración. Y eso es inaceptable en el contexto actual”, sostuvo.

Osores también cuestionó la versión de la empresa encargada de la descarga, que habría argumentado diferencias de costos como motivo para elegir otro puerto. “Si eso fuera cierto, la autoridad política debería haber intervenido para verificar esa información. El sector político debe actuar como equilibrio entre el gremio y la empresa, no como espectador”, indicó.

Impacto económico y social en la región

La situación se da en medio de una de las temporadas más flojas de actividad para el puerto de San Antonio Este, que durante más de seis meses enfrenta una baja operatividad. El arribo del oleoducto representaba una oportunidad concreta de generación de empleo directo e indirecto en la zona, no solo para los estibadores, sino también para transportistas, empresas logísticas y servicios vinculados al movimiento portuario.

“El puerto tenía condiciones operativas para recibir el buque, no se trataba de una cuestión técnica. Es una decisión política o económica que nos deja afuera, y no se puede tolerar”, afirmó Mendoza. En la misma línea, Osores agregó que “los trabajadores portuarios deben beneficiarse desde el día cero, desde el primer buque, no dentro de cinco años cuando el proyecto esté consolidado”.

Estado de alerta y pedido de intervención

Tanto el SOPSAO como la FEPA coincidieron en que lo sucedido no puede repetirse y que esperan respuestas formales por parte del Gobierno de Río Negro y de las autoridades nacionales involucradas en la planificación del proyecto. En este sentido, no descartaron convocar a asambleas permanentes ni elevar el reclamo a instancias superiores.

“Nos preocupa no solo esta situación puntual, sino también el contexto general del sistema portuario argentino, que atraviesa un proceso de incertidumbre producto de las políticas del gobierno nacional. Las decisiones inconsultas y el avance de medidas que afectan al trabajador nos obligan a estar más unidos que nunca”, concluyó Osores.

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