El gobierno de Río Negro confirmó una asistencia económica mensual de aproximadamente 617 mil dólares a la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat), con el objetivo de garantizar la continuidad productiva de su planta en San Antonio Oeste. El apoyo estatal, que se extenderá durante cinco meses, busca sostener el acuerdo de “paz social” que evita despidos y paraliza medidas gremiales.
Ayer, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez, encabezó audiencias virtuales para avanzar en la formalización del acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Sin embargo, el gremio de los químicos (SPIQYP), que representa a la mayoría de los trabajadores de Alpat, continúa en estado de alerta, a la espera de precisiones sobre la regularización del pago de salarios, actualmente abonados en cuotas semanales, y sobre una posible actualización salarial.
El nuevo compromiso estipula que los sueldos se pagarán entre el 4 y el 20 de cada mes. No obstante, la empresa advirtió que no puede establecer fechas más acotadas hasta que la Provincia confirme el cronograma de transferencias. Desde el gobierno provincial se ratificó la asistencia y se indicó que el Ministerio de Hacienda ya tramita la asignación de los fondos a la cartera laboral, encargada de realizar los pagos. El primer desembolso está previsto para mediados de junio.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Fabián Gatti, había anticipado semanas atrás un “programa de acompañamiento” para empresas en crisis, con el objetivo de preservar el empleo. En ese marco, mencionó el caso de Alpat y aseguró que la ayuda se financiaría con fondos provenientes de la renegociación petrolera, prevista por una ley que habilita la intervención estatal en situaciones de crisis social y económica.
El monto total estimado de la asistencia asciende a 3.548 millones de pesos, calculados según la cotización actual, y responde a una solicitud de Alpat motivada por el agravamiento de su situación durante el invierno, debido al alto costo del gas.
En marzo, la empresa había presentado un plan de crisis ante la Secretaría de Trabajo, argumentando una fuerte caída en las ventas de carbonato de sodio, lo que derivó en un primer acuerdo de “paz social” por 60 días. Con su vencimiento esta semana, las partes debieron renovar los compromisos.
Alpat enfrenta un problema estructural: sólo puede colocar en el mercado la mitad del volumen mínimo que necesita para mantener su operatividad. En ese contexto, lanzó un programa de retiros voluntarios con indemnización más un adicional, cuya adhesión fue baja. El plazo, que vencía el lunes 26, se extendió por tres semanas tras negociaciones con la Secretaría de Trabajo. La empresa busca reducir unos 100 puestos, cerca del 20% del plantel total.
En paralelo, se acordó una mayor campaña de difusión del plan de retiros y se iniciaron conversaciones para revisar los convenios colectivos, una de las exigencias de la compañía frente al nuevo escenario económico.
La crisis también llegó al Congreso. La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la situación financiera de Alpat, única productora de carbonato de sodio de Sudamérica. La legisladora expresó su preocupación por el impacto que tendría un eventual cierre de la empresa, estratégica para sectores como el vidrio, el papel, la química, el petróleo y el litio.
“La incertidumbre de los trabajadores de Alpat, en un contexto donde el sector industrial parece perder terreno, hace necesario que el Estado enfrente el problema, defienda la producción nacional y proteja el trabajo de los argentinos”, afirmó García Larraburu. También pidió saber si el Gobierno Nacional prevé alguna asistencia para la empresa y qué medidas tomará ante el vencimiento del acuerdo con el gremio.
