Un comercio deberá devolverle a una clienta de San Antonio Oeste el valor actualizado de una compra que hizo por internet, y a la vez pagarle una multa equivalente al valor mensual de una canasta básica de hogar por no cumplir con lo pactado en la venta.
La mujer adquirió dos pares de zapatos a un comercio de Roca. Lo hizo mediante una plataforma de internet. Quedaron en enviarle los productos a los diez días. Vencido el plazo, reclamó. Le dijeron que “los artículos solicitados se encontraban en falta” y le ofrecieron un vale para comprar otra cosa.
La señora rechazó esa solución y solicitó el reintegro del dinero. Pero nunca recibió respuestas.
Entonces comenzó actuaciones administrativas ante el Departamento de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Antonio Oeste y finalmente realizó un reclamo de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de la ciudad.
El comercio nunca se presentó a las citaciones. El artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que «la ausencia injustificada de la parte demandada» puede tenerse “como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos proporcionados por la contraparte”.
La jueza de Paz también tuvo en cuenta los documentos entregados, que dan cuenta de la entrega del dinero a la empresa.
“Nos encontramos ante una relación de consumo conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240”, explicó.
De esta manera, dispuso que se le devuelva el dinero actualizado a la fecha. Además, se aplicó una multa por daño punitivo.
“La doctrina ha definido al daño punitivo como las sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de hechos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”, dice la sentencia.
Por este rubro, aplicó al comercio Maleducadas Shoes Store el valor de una canasta básica total hogar tipo 3, actualizada conforme a lo informado por el INDEC.
La menor cuantía
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) impulsa una política de fortalecimiento y cercanía. Por ello los Juzgados de Paz constituyen un pilar fundamental para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de equidad para toda la población, sin importar el lugar de residencia.
En 2024, el máximo tribunal estableció nuevos montos máximos para los procesos de menor cuantía. A través de una resolución fijó en un millón ochocientos mil pesos el límite económico para este tipo de juicios que tramitan en todos los juzgados de Paz de la provincia.
Este tipo de acciones se encuentra orientado a resolver conflictos de manera más ágil, sencilla y cercana. La característica principal de los procesos de menor cuantía es que resultan gratuitos e informales, sin que por ello se resientan los derechos fundamentales del debido proceso. De esta forma, se garantiza el acceso al Poder Judicial en condiciones de igualdad, con mecanismos accesibles para la ciudadanía.
Los 49 juzgados de Paz cumplen un rol clave, especialmente en ciudades pequeñas, pueblos y parajes donde no funcionan juzgados ordinarios. Allí, las personas pueden presentar reclamos vinculados a relaciones de consumo, conflictos vecinales u otras situaciones que requieran una vía rápida de resolución.
Los procesos de menor cuantía se inician mediante un formulario sencillo que el ciudadano presenta como demanda. En él se debe precisar la situación, identificar a la contraparte y reclamar un monto en pesos. El trámite avanza con la citación a una audiencia donde se buscan soluciones consensuadas. En caso de no lograrse un acuerdo, el juez o jueza resuelve sobre la base de las pruebas aportadas.
Las causas que pueden tramitar bajo esta modalidad excluyen a los juicios de sucesión, familia, laborales y desalojos. El procedimiento, además, se encuentra respaldado por los principios de bilateralidad, colaboración, trato equitativo y tutela efectiva.
Los juzgados de Paz también intervienen en otras funciones judiciales y administrativas, como el tratamiento de contravenciones, emisión de autorizaciones, certificaciones, notificaciones, audiencias, juicios ejecutivos y beneficios de litigar sin gastos, entre otros trámites.
