En la jornada de ayer, en el juzgado de garantías de San Antonio Oeste, la municipalidad dio un paso adelante en el tema de usurpaciones y logra sentar una base importante para futuros ocupantes de tierras fiscales.
La formulación de cargos contra dos personas y sus parejas, que en la zona de Malvinas y Fitz Roy, al lado de la ex molienda, se habían instalado precariamente sobre terrenos fiscales.
El juez de garantías Favio Corvalán dio por sentado que hubo un delito y las cuatro personas quedaron imputadas tras el pedido de la fiscal Mariela Coy bajo el artículo 118 del Código Procesal Penal y se dio orden de inmediato desalojo.
Defendió a los denunciados el defensor oficial Carlos Devorzak quienes deberán antes del día jueves abandonar el lugar y el municipio debe tomar nuevamente posesión del mismo.
La municipalidad estuvo representada por el asesor letrado Gustavo Arbués.
Asimismo, desde la municipalidad, señalaron que podrán ingresar al RUSTIFIV, ya que hay próximamente un amplio loteo tanto en San Antonio como en Las Grutas, para familias que puedan acceder a la tierra.
De todos modos, también mencionaron que no hay más tolerancia para usurpaciones ya que hay planes que están en marcha.
Desestimaron
El gobierno de Río Negro dejó sin efecto un decreto del año 2018, mediante el cual se ratificó el contrato de donación firmado entre una vecina y un jefe policial de la Comisaría 29 de Las Grutas de una motocicleta que sería destinada al servicio de guardia de prevención de delitos.
El acuerdo no quedó concretado por “la imposibilidad de realizar la transferencia del motovehículo”, según fundamentaron fuentes oficiales.
De esa manera, el vehículo será restituido a la titular del mismo, según consta en el decreto 45, del 21 de enero pasado, firmado por la gobernadora Arabela Carreras y por el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan.
Se trata de un motovehículo marca Appia 150, modelo Stronger 150, motor N° DY162FMJ2G5001928, cuadro N° 8BPZ4KLY4GC011723.
“Al momento de realizar el trámite de transferencia del motovehículo ante el Registro Nacional del Automotor a nombre del Poder Ejecutivo Provincial, el mismo resultó imposibilitado, debido a que la señora M. G. F. se encuentra inhibida para realizar cualquier tipo de transacción comercial, conforme lo detallado en el reporte de Consulta de Anotaciones Personales”.
Por ese motivo, la gobernadora rionegrina dejó sin efecto el decreto N° 1840, del 19 de diciembre de 2018, a través del cual se ratificó el contrato de donación.
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