Los ediles del Frente de Todos, presentaron la iniciativa en base al proyecto del legislador Luis Noale, quien solicitó a la legislatura rionegrina se declare la emergencia económica por la que atraviesa el sector de la pesca marítima rionegrina. Esta comunicación fue aceptada por el bloque oficialista de JSRN.
Acompañaron la propuesta en la cual expresa que el sector pesquero marítimo, asentado en los municipios de San Antonio Oeste y Sierra Grande atraviesan una profunda crisis a raíz de la pandemia del virus COVID-19, por lo que surge la necesidad de adoptar medidas que hagan sostenible a la industria pesquera y también a la pesca artesanal, en el contexto actual de crisis general, para que la misma no colapse con las previsibles consecuencias económicas, financieras y sociales en que desembocaría el quiebre de empresas.
En razón del nuevo escenario mundial donde se observa una gran retracción del mercado internacional con una fuerte disminución de los precios de la producción destinada a la exportación. La producción pesquera sufre una baja en comparación al año anterior y las exportaciones también profundizan la caída.
Al mismo tiempo se reducen las flotas pesqueras, con lo cual habrá también menor actividad en las plantas de procesamiento y la totalidad de la cadena productiva. También existieron bajas muy importantes en las toneladas afectadas al mercado nacional.
Los trabajadores de la industria de la Alimentación, rama pescado, de San Antonio Oeste, Puerto San Antonio Este y Sierra Grande que desempeñan sus tareas en las empresas pesqueras atraviesan una delicada situación causada por la disminución de materia prima a pesar, dado que la actividad quedo exceptuada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por las autoridades gubernamentales.
Es por ello, que es de vital importancia la presencia activa de los trabajadores en el circuito productivo, cuando siempre han estado a disposición de los empresarios, asegurando cumplimiento del correspondiente protocolo sanitario establecido.
Al sector empresarial se le hace muy complejo abonar las quincenas, en tiempo y forma, respetando los aumentos establecidos por Decreto 14/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, sino recibe para ello el auxilio crediticio del Estado.
Las firmas sostienen que es muy difícil pagar los valores de los tratamientos de efluentes a la empresa prestaría del servicio.
Los afectados directamente por las situaciones descriptas son los trabajadores y sus grupos familiares, ante la incertidumbre del contexto que se vive como resultado de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19.
Se necesita que el Poder Ejecutivo, junto a los actores relacionados con la pesca, planifique políticas que protejan la actividad del sector ante la vulnerabilidad económica mundial; desde la óptica de que el Estado debe fortalecerse en todas sus áreas. En estos tiempos puede comprobarse que los países en donde los gobiernos implementan sus convicciones respecto a Estados de mínima intervención en la vida de las sociedades, ha fracasado rotundamente y se hace imperioso un Estado fuerte y presente.
Dentro del marco normativo, muy claramente la Constitución de la provincia de Rio Negro establece Artículo 39: “el trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legitimo e indispensable para satisfacer las necesidades espirituales de la persona y de la comunidad. Rio Negro es una Provincia fundada en el trabajo”.
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