La copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Junta Promotora Río Negro, Suyhay Quilapán, confirmó que se intensificaron las gestiones ante la Legislatura provincial para que avance un proyecto de ley que busca impedir los cortes de servicios esenciales como electricidad, gas y agua potable a sectores en situación de vulnerabilidad.
Según explicó, la iniciativa fue presentada por los bloques PJ Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, y retoma el espíritu de normativas anteriores que estuvieron vigentes durante más de una década. “Había una ley sancionada en 2009 que fue prorrogada en varias oportunidades. La última versión, que estuvo en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, permitía que familias vulnerables evitaran cortes de suministro y accedieran a planes de pago acordes a sus ingresos”, detalló Quilapán.
Sin embargo, tras la caída de esa normativa, actualmente no existe un marco legal que garantice esa protección, en un contexto económico que —según la dirigente— es más adverso que en años anteriores. “Hoy vemos que la ley caducó y no hay miras de renovación automática. Esto ocurre en medio de una crisis socioeconómica profunda, con salarios deteriorados, pérdida de empleo y mayores niveles de vulnerabilidad”, advirtió.
El nuevo proyecto, además de restituir la prohibición de cortes, amplía el universo de beneficiarios. Incluye a personas con discapacidad, trabajadores con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica y jubilados con situaciones sanitarias complejas. “No se trata de gratuidad, sino de generar planes de pago posibles, en función de la realidad de cada familia”, aclaró.
Uno de los puntos destacados es la incorporación del agua potable como servicio esencial sujeto a protección, algo que —según Quilapán— no estaba contemplado anteriormente debido a que no se aplicaban cortes. “Hoy esa realidad cambió y el suministro también se interrumpe, incluso a vecinos con deudas pequeñas, lo que agrava aún más la situación”, señaló.
En ese sentido, la referente remarcó que la acumulación de deudas en servicios básicos es cada vez más frecuente. “Si una familia no puede pagar la luz, probablemente tampoco pueda afrontar el gas o el agua. Las deudas se multiplican y se vuelven impagables si no hay mecanismos adecuados”, sostuvo.
Quilapán también vinculó la problemática con el deterioro del sistema de salud. Mencionó dificultades en la cobertura de medicamentos tanto en PAMI como en la obra social provincial IPROSS, lo que obliga a muchas familias a destinar ingresos a gastos sanitarios, relegando el pago de servicios. “Hay jubilados atravesando tratamientos complejos, incluso oncológicos, que están en una situación crítica. No todos los casos son iguales y la ley debe contemplar esas diferencias”, enfatizó.
El pedido concreto es que el proyecto sea tratado en la Comisión de Asuntos Sociales y luego llevado al recinto en la próxima sesión legislativa. En ese marco, la APDH envió notas formales a autoridades parlamentarias, incluyendo al presidente de la Legislatura y a los jefes de bloque, solicitando su inclusión en la agenda.
“Necesitamos que los legisladores escuchen el clamor de la ciudadanía. No puede haber una Legislatura que haga oídos sordos ante una demanda tan urgente”, expresó Quilapán, quien también cuestionó el rol del cuerpo legislativo. “La discusión es para quién se legisla: si para las grandes empresas o para los rionegrinos que sostienen el sistema democrático”, planteó.
Finalmente, desde la organización señalaron que continuarán impulsando instancias de diálogo institucional con la expectativa de que el proyecto avance. “Esperamos que se pueda revertir esta situación y que la democracia funcione en términos reales, dando respuestas concretas a las necesidades de la población”, concluyó.
