Cierran la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo de Las Grutas


La apertura de la misma se hizo el 16 de marzo de este año con la puesta en marcha de la ex titular Nadina Díaz quien señaló era un lugar para evacuar los reclamos de la gente.

La nueva defensora, Adriana Santagati señaló que no es necesaria “sumaron más burocracia y entorpecen las gestiones necesarias para resolver los reclamos de los vecinos”.

A pesar que en la villa balnearia no pagaba alquiler ya que atendía en la delegación, cedido por la municipalidad y solo tenía una empleada, a comparación de otras delegaciones.

Asimismo al justificar sus modificaciones, la defensora enumeró la instalación de un 0800 para generar otra vía de denuncias. También, resaltó la firma de un convenio con la Justicia, destinado a que los 49 juzgados de Paz puedan recepcionar denuncias destinadas al órgano de control provincial.

Hasta el momento solo tres a nivel provincial serán eliminadas, entre ellas la que estaba en Las Grutas. Solo perduró tres meses.

ATE repudia

ATE salió a repudiar el cierre de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo y los consecuentes despidos. Pidió la reincorporación de los trabajadores y una reunión con la titular del órgano de control, Adriana Santagati. Y deslizó la sospecha que las acciones estén consensuadas con el gobierno provincial.

“Los nuevos Defensores del Pueblo no alcanzaron a sentarse en sus despachos y ya comenzaron a defender los intereses del Gobierno, perdiendo autonomía. No descartamos que esta decisión haya sido previamente acordada con el poder, paradójicamente al que tienen que controlar, que es el Ejecutivo” indicó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Y aseguró: “Esto perjudica al pueblo y beneficia a éste y a los futuros gobiernos. Demandamos una audiencia urgente con Santagati y Domínguez y no descartamos medidas de acción directa en el corto plazo”.

El gremio cree que el cierre de las delegaciones son, por un lado, producto de “una persecución política gravísima” y, por el otro, “se busca consolidar una política de ajuste y recorte de gastos en la Defensoría” aseguraron.

“Esto vulnera de manera directa los derechos de acceso que tiene la ciudadanía al servicio constitucional de defensa ante los abusos actos u omisiones del Estado que afecten a las personas o sociedad” subrayó Aguiar.

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