El Fiscal Juan Pedro Puntel solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria al secretario General de la Asociación Personal Empleados Legislativos, Alejandro Gatica y a Stella Maris Sale, secretaria de Finanzas, en el marco de la causa que investiga once diferentes maniobras defraudatorias efectuadas contra el Estado rionegrino.
Además, como subrogante de la Unidad de Delitos Especiales y contra la Administración Pública, el Fiscal imputó a ocho personas más por considerarlas participes necesarias de algunas de las maniobras investigadas.
Entre las mencionadas maniobras se encuentra un terreno de 4 mil metros cuadrados ubicada en la manzana 977 b, entre las calles Bahía Rosas, El Pescadero y Golfo San Jorge según reza el expediente valuado en $308.000 y adquirido al Municipio de San Antonio sin convocatoria de precios, ni informar a la Comisión Directiva e incumpliendo la obligación de construir en él.
Según el contrato de preadjudicación, APEL estaba obligado a construir en la parcela una superficie mínima de 920,23 m2 y máxima de 3580,90 m2 con destino a servicios turísticos.
El proyecto definitivo debió haber sido presentado dentro de los 12 meses a partir de la firma del contrato y comenzar las obras en un plazo de 18 meses, de acuerdo al plano aprobado por el Municipio.
En virtud de los incumplimientos, la Municipalidad de San Antonio Oeste se encuentra en condiciones de denunciar la caducidad del contrato de preadjudicación, con la perdida de las sumas ya abonadas por APEL.
Al mismo tiempo, Puntel le solicitó al Juez nuevas medidas probatorias que dan impulso a esta causa en la que trabajó también la adjunta de Fiscalía, Paula de Luque.
Se llega a esta instancia luego de analizar detalladamente la innumerable cantidad de documentación que la compone y de haber evaluado los documentos entregados por el Tribunal de Cuentas que auditó exhaustivamente seis diferentes rendiciones efectuadas por el gremio, valiosas a la hora de readecuar los hechos y constatar la responsabilidad de cada una de las personas imputadas en los mismos.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, las diversas maniobras defraudatorias fueron efectuadas entre los años 2010 y 2014, con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por Resolución 04/2010 del Parlamento rionegrino.
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