Los trabajadores de ALPAT vivieron una semana de zozobra luego del corte del servicio de gas por parte de Camuzzi quienes no tenían ninguna gana de reconectar, por más cautelar y multa que le iban a imponer. Esto era a expensas de consultas que se hacían hacia arriba, donde las decisiones de subir o bajar el pulgar están a la orden del día, las advertencias previas se hicieron, pero para que la proveedora haya tomado la decisión, la política tuvo en ella su parte esencial.
“La sangre no llegó al río” la cuerda tensada se pudo notar con los llamados de Weretilneck negociando con todos, hasta llegar a ministros de Nación, la resultante al final del viernes fue que la válvula se abrió excusa con prueba de hermeticidad auspiciosa en el medio. El gobernador incluso fue quien propuso varias de las negociaciones que se darán la semana entrante.
Primó principalmente que Alcalis de la Patagonia es una empresa que se autogestiona y que ahora no depende mucho de la situación judicial de los dueños presos por evadir impuestos apañado por el gobierno kirchnerista. Aunque tampoco ALPAT se podrá despegar de este estigma .
Los jueces federales investigan a los propietarios de esta empresa porque no solo pagaron onerosas sumas de dinero para alquiler departamentos desde las oficinas de Alcalis de la Patagonia en Buenos Aires, algunos fueron allanados en la semana, los de arriba y los de abajo donde reside actualmente la ex presidenta, sino que los expedientes son varios.
Por ejemplo una de las principales pesquisas que realizan los fueros federales sobre esta empresa, la Justicia investiga si el gobierno kirchnerista favoreció de manera irregular a Alcalis de la Patagonia, principalmente Néstor Kirchner al otorgarle a López y De Sousa, cuando el fallecido presidente decidió reformular mediante un decreto de necesidad y urgencia (475/05) el régimen de promoción industrial que se había otorgado en la década de los 80 a la empresa ALPAT, este decreto licuaba por capitalización una deuda de casi 250 millones de pesos que la empresa tenía con el Estado, asimismo obtuvieron los beneficios y diferimientos fiscales por diez años, así arrancó el ingreso a la planta industrial química cuando la compraron los ahora presos en Ezeiza en el pabellón VIP de la corrupción.
ALPAT tiene en su haber cinco investigaciones más, todas vinculadas al grupo Indalo, relacionadas al favorecimiento que tenían los propietarios bajo el manto del gobierno del matrimonio Kirchner.
Este pedazo de terruño de la costa atlántica rionegrina también fue alcanzada por la enorme matriz de corrupción que se dibuja actualmente en los medios nacionales. Cabe destacar que la corrupción no es de ahora, ni de hace veinte años, es una constante de todos los gobiernos, incluso del actual.
Otro ejemplo de este gigantesco proceso de corrupción, que alcanza también a nuestro lugar, son las empresas que construyeron sendas obras como las cuadras de asfalto en San Antonio, las rotondas, las obras de acceso o las de repavimentación de las rutas nacionales 3 y 251, tanto Equimac, Gancedo y VialAgro están en las declaraciones de los beneficiados por la corrupción de la obra pública fue mencionada por el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quien narró cómo se distribuían las licitaciones del Ministerio de Planificación de Julio DeVido.
El padecimiento que tienen los trabajadores de la empresa ALPAT también es parte de esta secuencia de la corrupción donde los dueños están insertos y son actores de primeras planas, señores que solo querían la rentabilidad por encima del mantenimiento y el crecimiento sin pensar en los obreros y sus familias.
El golpe de gracia a la empresa, como a muchas en el país, también se lo propinó la política económica actual de apertura de las importaciones y la exponencial suba de tarifas dónde las empresas recibieron el peor impacto. Alpat es una de ellas.
Sobre esto, vamos observando que la Patagonia, sus habitantes que viven en ella, son números que no cierran en la planilla excel de Nación. Por eso quieren eliminar los beneficios, como tampoco es una gran suma para ellos 400 familias en el contexto del enorme territorio argentino, pero para San Antonio el cierre crearía una catástrofe socioeconómica que arrastraría a una importante masa de activos, una situación sin precedentes en la zona de la cual muchos no toman conciencia.
