El gobernador Alberto Weretilneck indicó que podría retomarse el debate en el Parlamento sobre la reforma a la Ley de Tierras, un tema espino y polémico que no encuentra plafón político.
La iniciativa es de Juntos Somos Río Negro se impulsó en 2016 pero no pudo ser tratada.
Weretilneck pretende dejar el mandato con las modificaciones al Código de Tierras Fiscales. Así se lo dijo al diario Río Negro sobre los temas pendientes antes del 10 de diciembre: «el Presupuesto 2020, el paquete fiscal para el próximo período, y puede haber otro… Ley de Tierras”.
En este caso la municipalidad sanantoniense posee muchas tierras fiscales y varias en disputas por familias ocupantes ya que sólo será posible titularizar las tierras ocupadas al 31 de Diciembre del 2015, con lo cual se coarta el desarrollo del inconcluso relevamiento territorial de la ley 26160, esta norma fue suspendida en el año 2016.
Asimismo tanto la municipalidad de SAO como Viedma no han logrado establecer los límites colindantes, menos tener un ordenamiento territorial efectivo, solo mensuras establecidas.
Está agendado para este 14 de noviembre su tratamiento en plenario de las comisiones legislativas de Constitucionales, Presupuesto y Planeamiento, Asuntos Económicos y Turismo, trascendió de fuentes parlamentarias.
Eventualmente podría trasladarse para el día siguiente, en vista a una sesión sin convocar todavía para el 21 o el 24 de noviembre, según el cronograma político que puede reajustarse según se presente la dinámica del conflicto político que parece ampliarse con el transcurso de los días, las reuniones y la falta de diálogo entre el gobierno y los sectores directamente afectados en sus derechos que reclaman mayor participación y debate.
Quien señaló al respecto fue el actual legislador Vallazza puntualizó que «la antigua ley solo le daba a la tierra un uso ganadero y agropecuario, ésta nueva abre la puerta a la minería porque habla de proyectos energéticos, forestales y turísticos». «El tema es que no se ha realizado un ordenamiento previo de los recursos: tierra, agua, bosques, etc. para saber a qué fines destinarse».
En el mismo contexto, uno de los problemas que tiene la reforma, según plantean los pueblos originarios, universidades nacionales, gremios, partidos políticos y agrupaciones sociales, es que además de cambiar la matriz productiva, se potencia la extranjerización de la tierra.
En pocas palabras, la Ley de Tierras pone al territorio provincial a disposición de las nuevas formas de explotación de los bienes públicos naturales, la minería a gran escala, y la actividad hidrocarburífera. En su articulado, el proyecto en la práctica apunta además a terminar con el reclamo territorial de los pueblos originarios y dispone unas 5 o 6 millones de hectáreas al servicio de la megaminería y la extracción de petróleo y gas, por vías no convencionales.
También para emprendimientos turísticos a gran escala, en ello beneficiaría al municipio, lo que no se sabe aún es el contexto original si avanza sobre terrenos que puedan afectar la costa.
Uno de los ejemplos efectivos es el sur de Las Grutas, que avanzó inexpugnablemente sobre límites de la marea, sin contemplación, ni poder de policía que debía ejercer el municipio sanantoniense.
En este caso hubo una disposición judicial que no se cumplió. El avance de las inversiones son más importantes que el entorno natural.
Sobre Colonia Chilavert, dentro del departamento de San Antonio, abre una gran posibilidad a la minería. En ello la municipalidad como provincia obtendría regalías. El debate si está bien o mal aún no se dio y es lo que reclaman las ONG. (foto archivo)
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