Así lo establece un nuevo informe dentro el proceso del amparo judicial que está en el Juzgado Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste
La justicia determinó hace más de un año, precisamente en octubre de 2018, dispuso que la Municipalidad de San Antonio Oeste deberá construir las cavas a medida que la captura del desecho del langostino así lo amerite, como así también la construcción del alambrado perimetral para resguardar la zona” y prever acciones a futuro “a los fines de evitar la vulneración de este bien jurídico colectivo protegido sea en la actualidad y para generaciones futuras, máxime teniendo en cuenta que toda la población de este lugar vive y se sustenta con el recurso de la pesca, mariscos y moluscos en general”.
Las cavas se realizaron, lo que aún no se cumplimentó fue el alambrado perimetral.
Recordemos que la Jueza Vanessa Kozaczuk, dispuso en su momento homologar el acuerdo y fijó los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberán cumplir para preservar el cuidado del medioambiente.
El lugar del trabajo se realizaría en un campo privado, propiedad de una empresa de Claudio Urcera ubicado a unos 18 kilómetros de la ciudad, en la ruta que une San Antonio con Choele Choel.
En el lugar, gracias a la firma de un convenio con el Municipio local, son cinco hectáreas para realizar el cerco y que le significa una erogación importante a las arcas municipales.
En las últimas horas, la justicia determinó en el expediente que debe iniciarse el proceso por el cual el término del plazo establecido caducó y deben ejecutar los trabajos de alambrados.
También cabe recordar que el intendente Luis Ojeda en abril de este años mencionó que el estado municipal «no puede hacer todo» señalando que solo cae sobre la responsabilidad de la municipalidad todos los procesos de obras. De todos modos la decisión es judicial.
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