Luego de tres días de audiencias, en la jornada de hoy se realizaron los alegatos en el juicio en el que se debatió el accionar del ex Director de Inspección del Municipio de San Antonio Oeste, a quien el Fiscal Jefe Juan Pedro Peralta acusó del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según la acusación, el funcionario omitió dar la orden de verificar las instalaciones del Club Racing, en la cual, el 23 de febrero de 2018, Nico Gutierre falleció como consecuencia de un paro cardiorespiratorio producido por una descarga eléctrica recibida al tomarse de uno de los alambrados. Por el hecho se encuentran condenados el presidente del Club y quien alquilaba el predio para su explotación.
Al momento de fundamentar las causas que lo llevaron a pedir que su condena, Peralta comenzó relatando las diversas ordenanzas que le otorgaban al funcionario -entre otras- facultades para inspeccionar las instalaciones.
“Murgiondo no hizo lo que tenía que hacer”, enfatizó el Fiscal. “Un club debe ser inspeccionado, se debe poder controlar las condiciones de seguridad y si ésto hubiera sucedido y se hubiese clausurado, Nicolás estaría con vida”.
Para ejemplificar tal situación relató una a una las inspecciones que desde el municipio se realizaban a los clubes y recordó que existen convenciones probatorias efectuadas por las partes en el control de acusación que dan cuenta de que los controles se realizaban y que el Club ya había sido clausurado en alguna oportunidad.
“Advierto, entonces, una ceguera intencional, forzada, del funcionario que sabía que tenía que inspeccionar y así lo demuestra tanto la prueba como los testigos que en el juicio penal relataron que el mismo club pidió que se lo inspeccionara”. Agregó asimismo que hubo “una renuncia deliberada del poder de policía que le confería la ordenanza municipal 5105”.
Finalmente expresó que Murgiondo “podía ir a inspeccionar, debía hacerlo y no lo hizo” por lo cual requirió se lo considere penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La querella ejercida por el abogado Ezequiel Castro también mencionó el “estado calamitoso” en el que se encontraban las instalaciones y dijo que con la inspección los hechos no se hubieran producido. Coincidió con que no fue ejercido el poder de policía y requirió también la condena del acusado.
La defensa cuestionó que el alegato de la acusación hablara de “análisis global de la legislación” cuando, según su teoría del caso, no hay ninguna ley que imponga al funcionario el ejercicio del poder de policía y luego de su exposición requirió su absolución.
Finalmente hicieron uso de la palabra en la audiencia el imputado y la madre de la víctima. La sentencia, a cargo del Juez de Juicio Marcelo Alvarez, se conocerá durante los primeros días de la próxima semana. (Fuente: prensa Ministerio Público Fiscal)
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