Un hombre imputado como partícipe necesario del delito de peculado en contra del Municipio de San Antonio Oeste fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y deberá devolver los más de 700.000 pesos con los que se benefició en el marco de la maniobra delictiva. Además, será inhabilitado de forma absoluta para ocupar cargos públicos.
Esta condena surge a partir de un procedimiento abreviado alcanzado por el Ministerio Público Fiscal, la querella en representación del Municipio de San Antonio Oeste y el defensor particular del imputado. Daniel Muñoz reconoció haber cometido el hecho y con ello aceptó la calificación legal y la pena prevista.
Como autora del delito está imputada su hermana, María Muñoz, quien se desempeñaba como tesorera del municipio, acusada de haber sustraído más de 170 cheques por una suma superior a los 900.000 pesos “que estaban bajo su administración y custodia, para ser destinados al pago de proveedores, subsidios y becas municipales”. Según la Fiscalía, el acusado recibió la mayor parte de esos cheques por un total de 789.391 pesos.
La causa continúa en el caso de la mujer y de otras dos personas acusadas también de partícipes necesarias, su esposo y sobrino quienes recibieron 6 cheques en total. En cambio, el hermano de la mujer devolverá en efectivo 590 mil pesos respetando un cronograma detallado en la audiencia por el Fiscal Jefe Juan Pedro Peralta y otros 200 mil a través del retiro de materiales que el municipio efectuará en el comercio propiedad del imputado.
Tanto la acusación pública, como la privada, valoraron el reconocimiento que el hombre hizo del delito cometido y el compromiso de devolver a las arcas municipales el dinero que en la audiencia reconoció haber sustraído.
El sustento probatorio con el que cuenta la Fiscalía, y que servirá para sostener la acusación a los otros tres implicados, incluye las cinco denuncias hechas por el Municipio (la primera de ellas en marzo de 2020) y testimoniales tomadas a más de una veintena de personas que de una u otra forma estuvieron implicadas en la maniobra sin tener conocimiento de tal situación. Todas eran beneficiarias de becas, subsidios o proveedores del municipio y dieron cuenta que las firmas que figuran como endoso no eran suyas.
Suma a ello numerosa documentación, cheques, planillas de pago, legajos de la autora del delito, quien se desempeñaba como contadora del municipio, e información certificada por funcionarios municipales; además del informe de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General de los teléfonos peritados que fueron secuestrados a los imputados.
Además del Fiscal Jefe Peralta participaron en la audiencia el abogado querellante, Damián Torres; el abogado defensor Emiliano Gallego y fue el Juez de Juicio, Guillermo Bustamante quien receptó el acuerdo y adelantó que en los términos de ley notificará la sentencia condenatoria.
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