La causa fue iniciada hace cuatro años por el desaparecido juez federal Claudio Bonadío y ahora se lleva adelante en el fuero provincial. Se trata del plan Techo Digno, sobre el cuál se lleva adelante una investigación por posible malversación de fondos públicos, desde la procuración rionegrina.
Los contratos, en el que la municipalidad de San Antonio está involucrado, es por las 102 viviendas que se inauguraron a fines del 2019 y que se había iniciado bajo la intendencia de Javier Iud y finalizó con el mandato de Lui Ojeda.
Las pericias principales se realizaron en Sierra Grande y Bariloche, dos puntos distantes de la provincia, el cual ambos municipios fueron allanados oportunamente para recabar información.
El plan Techo Digno fue impulsado por el ex senador del justicialismo Miguel Pichetto, actual Auditor General de la Nación en representación de Juntos por el Cambio.
Según señaló el Diario Río Negro serían tres actuales legisladores del Frente de Todos y otros tres jefes comunales en funciones, además de los empresarios de las construcciones también serían imputados por la justicia provincia, ya que la causa pasó desde los fueros federales a los fueron rionegrinos. Tras sus análisis y sus conclusiones, los fiscales avanzarán con imputaciones, que estarían encuadradas en “administración fraudulenta”.
Las presentaciones se distribuirán en las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro porque las cuestionadas operatorias que firmó el ministerio de Obras Públicas de Nación se extienden en 14 municipios.
Por ejemplo, en el caso de Sierra Grande, la pericia determinó que la documentación había certificaciones (firmadas por la empresa adjudicataria y el municipio) por el 75 por ciento de las obras y en la revisión del avance era solo del 35 por ciento, también lo había advertido el IPPV y la UOCRA.
La nómina de imputados comprendería a tres exintendentes que actualmente son legisladores, como la presidenta de la bancada del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso, quienes gobernaron Bariloche, Conesa y Choele Choel. Esa lista incluiría, además, tres jefes comunales hoy en funciones, como Luis Ivancich (Godoy), Renzo Tamburrini (Sierra Grande) y Liliana Alvarado (Cinco Saltos).
Otros acusados por los fiscales serían Javier Iud, Gilberto Montanaro, Carlos Pilotti y Juan Reggioni por sus mandatos en San Antonio, Cervantes, Río Colorado, y Fernández Oro, respectivamente.
Existen cuatro administraciones locales más que originalmente estaban en la revisión, como Campo Grande, Jacobacci, Roca y Cipolletti. En esos casos, en un principio, no habría imputaciones mayores, siempre según los iniciales datos extraoficiales publica el medio regional.
Las presentaciones simultáneas -que se cumplirían esta semana- parten de un equipo especial, coordinado por la fiscal Graciela Echagaray, y creado en 2019 por el Procurador General, Jorge Crespo para una evaluación y criterio conjunto, considerando que las irregularidades se repiten en las circunscripciones.
En este contexto, quienes están representados legalmente a los primeros investigados, indicaron que en los expedientes de Nación, figura el 100 por ciento (de la obra) terminada, certificado por la empresa y los municipios sin ningún tipo de desvío alguno. La justicia determinará.
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