La secretaria general de UNTER seccional San Antonio Oeste, Laura Ferreyra, confirmó que el congreso del sindicato docente resolvió por amplia mayoría continuar con el plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno provincial a los reclamos salariales, laborales y edilicios. La decisión incluye la posibilidad de concretar un paro los días 5 y 6 de mayo, en caso de que no haya convocatoria a paritarias antes del 30 de abril.
Según explicó la dirigente, durante el congreso se debatieron dos mociones: una que proponía profundizar las medidas de fuerza y otra que planteaba no avanzar con paros. Finalmente, la primera alternativa se impuso con claridad, en un contexto de creciente malestar en el sector educativo.
Ferreyra cuestionó además los dichos del gobernador, al considerar que el conflicto docente “está siendo politizado”, aunque remarcó que toda decisión cotidiana “tiene que ver con la política”. En ese sentido, sostuvo que el gremio actúa en respuesta a “un gobierno que desprotege a los trabajadores estatales”, no solo del ámbito educativo, sino también de áreas como salud.
La dirigente indicó que, frente a este escenario, resulta necesario “estar en las calles” para visibilizar los reclamos, que incluyen no solo mejoras salariales, sino también condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje, infraestructura escolar adecuada y la situación de la obra social IPROSS.
En relación a las últimas medidas de fuerza, Ferreyra señaló que el nivel de acatamiento fue dispar: durante la primera jornada rondó el 30%, mientras que al día siguiente registró un leve incremento. En este contexto, explicó que desde las seccionales se está implementando un fondo de lucha destinado a compensar parcialmente a los docentes que adhieren a los paros. Actualmente, se está devolviendo un 50% de los descuentos salariales, con la intención de ampliar ese porcentaje.
Asimismo, advirtió sobre lo que consideran un “disciplinamiento” por parte del Gobierno a través de los descuentos por días de paro, lo que —según afirmó— afecta la adhesión de algunos trabajadores.
En paralelo, el gremio también impulsa acciones vinculadas a la representación en distintos organismos, como IPROSS, donde reclaman mayor participación sindical en la toma de decisiones. Además, anticiparon una movilización local para el 1° de mayo, Día del Trabajador, que incluirá una olla popular, actividades de debate y expresiones culturales, con el objetivo de visibilizar la situación del sector.
Preocupación por la seguridad en las escuelas
Otro de los ejes abordados por Ferreyra fue la creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas, a raíz de la aparición de mensajes amenazantes en más de 120 establecimientos de la provincia.
La dirigente cuestionó los protocolos enviados por el Ministerio de Educación, al considerarlos “punitivos y burocráticos”, y señaló que trasladan la responsabilidad de resolver estas situaciones a los docentes. “Son ellos quienes deberían garantizar que la escuela sea un lugar seguro”, afirmó.
En esa línea, remarcó la necesidad de que intervengan especialistas y equipos técnicos, en lugar de sobrecargar al personal docente. También planteó la importancia de implementar simulacros y mejorar las condiciones de infraestructura, al advertir que muchas escuelas no cuentan con salidas de emergencia adecuadas o presentan serias deficiencias.
Ferreyra vinculó estos episodios con un contexto social más amplio de violencia, y sostuvo que el abordaje debe ser integral. “No se soluciona con afiches, el problema es mucho más profundo”, indicó.
Finalmente, destacó la importancia de la prevención y del rol de las familias en el acompañamiento de los estudiantes, fomentando el diálogo y evitando la viralización de mensajes que generan temor. “Hoy tanto alumnos como docentes tienen miedo de ir a la escuela. Necesitamos cuidado para todos”, concluyó.
