Editorial: Laudato si

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El debate por la implementación de la planta nuclear en la zona atlántica está en un punto álgido. Lo que respecta a nuestra zona sanantoniense, solamente se podrá construirla, si se reforma la Carta Orgánica o se realiza un referéndum vinculante con resultado positivo. Ojeda se manifestó contrario a la implementación de una central atómica porque esencialmente no puede pasar por encima de la norma vigente.

De todos modos la planta nuclear será erigida cerca de Sierra Grande. Cuando Weretilneck firmó con China, es porque ya tenían todo consumado. Esta gente de la política no viaja con improvisaciones. Nada fue espontáneo, estaba todo preestablecido. Sería de ingenuos pensar lo que dijo el subsecretario de Energía Nuclear de Nación, Julián Gadano que será en un lugar dentro de los 200 kilómetros de costa de la provincia. Gadano nos quiere tomar por tontos. Sabemos bien que cuando se viaja a China con carpeta bajo el brazo, no se va con un GPS para elegir el punto de instalación.  Por algo el gobernador mencionó en su euforia inicial a Sierra Grande y luego se desdijo expresando que había ocho puntos posibles en la provincia, hasta que llegó a Viedma hace unos días el funcionario macrista, que trató de ubicar a lo largo del límite marítimo zonal la futura megaestructura.

Hasta el momento, la instalación de una planta de energía atómica genera en la población más rechazos que aceptaciones.

Interesante lo que expresa el Papa Francisco en su lúcida Encíclica Laudato si “no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan al ambiente”, agrega en otro párrafo “a veces no se pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona de acuerdo con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos”.

Una cabal muestra de estas frases las hemos observado en la semana cuando frente a la jueza local Vanessa Kozaczuk, se arribó al primer acuerdo entre las partes en el marco del amparo ambiental impulsado por los vecinos cansados de los nauseabundos olores y los despojos de langostinos cercano a las zonas costeras y a las ciudades.

La jueza  había investigado sobre situaciones similares que se viven en otras localidades costeras de Chubut y Buenos Aires, con las soluciones encontradas en cada oportunidad y llegó a la conclusión que el convenio entre TSB y el municipio era la solución más cabal que se halló, el acuerdo firmado, que en la semana se modificó un punto controversial, fue refrendado el viernes por el Concejo Deliberante.

Parecería que nuestro entorno, en las tres localidades somos un enorme flujo de contaminaciones: ALPAT con el Bajo del Riñon; el basural municipal un horno pirolítico a cielo abierto con una constante emanación de humo sobre las poblaciones; los desechos cloacales que rebalsan por distintos lugares y hacia el mar, canales de la marea aún contaminados por remanentes de descarga de atmosféricos; basurales clandestinos, desechos de la pesca, contaminación por escoria de plomo.

Cuánta razón tiene el Papa Francisco cuando señala en su escrito “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería… muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas”.

Veto

El debate por el veto a un boliche sigue desnudando la falta de controles extremos en sitios sensibles, como es un lugar donde se acumulan personas, la municipalidad deja pasar por alto cuestiones insoslayables en materia de seguridad.

Si un expediente está lleno de falencias, como tener dos nombres y una habilitación, hasta cinco direcciones, planos inconclusos, nos hace rememorar a lo que sucede en Las Grutas en verano, donde dejan pasar por alto cuando los paradores hacen fiestas, sin la más mínima seguridad para los jóvenes o turistas.

Tampoco se cumplen con las normas establecidas, dejar que funcione un boliche frente a escuelas (también existe uno actualmente en Las Grutas), algo que es impensado, como también dejar pasar una serie de medidas preestablecidas por ordenanzas.

Además los vecinos del lugar son los que sufren y piden que se revean las ordenanzas para que se regule mejor y de manera efectiva la instalación de este tipo de comercios.

El estado sigue con su incapacidad de establecer efectivamente las normativas, es preferible recaudar que prever. Todo esto resta a futuro para un gobierno que quiere prevalecer más allá del 2019.

Carlos Aguilar @caa174

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