San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, ya siente y piensa, que la minería los ha elegido como basurero de destino final de sus residuos. La presencia del Estado nacional ha sido más dañina que la gravedad de la contaminación producida por los metales pesados.
El Estado dilatador, escondedor, prebendista, inoperante, autista, cómplice y ausente demuestra que no posee color político. Las serias críticas por la interrupción de la remediación de desperdicios de metales pesados existentes en la ciudad , constituyen una bofetada al soberano.
Los restos contaminantes dejados por la empresa Geotécnica en el acceso a la ciudad, que provenían de la polimetálica mina Gonzalito, distante 80 Km de esta localidad balnearia
y portuaria, es una historia sin fin.
Hoy se retoma lo que en un momento se llamó el “SAO Gate”. La diferencia, con esa etapa, es que el impresentable ex funcionario Jorge Mayoral no está en funciones.
Pero… la historia continúa y otros sellos de goma ocupan lugares estratégicos, y tras desembolsarse 8.4 millones de dólares en diez años, la conclusión en las misma “No hay remediación”.
“SAO Gate” fue como caratuló “Prensa GeoMinera” este previsible escándalo nacional en julio de 2014. El cual nació en el año 2007 y aún perdura.
No se puede hablar de minería seria y sustentable cuando no se cumple con lo firmado. Cuando no se es fiel y leal a la palabra comprometida, documentada y rubricada. En una palabra “incumple”, encima lo hacen con soberbia y anuncios, que solo buscaron disfrazar la realidad con buenos modales, comunicación activa y dificultosa trasparencia. Verdaderos Hipócritas. Los anteriores, por macabros, los actuales por irresponsables, descuidados y poco profesionales. Pero todos confundidos, a simple vista, en una mediocridad profesional, que permite el Estado, por estar distantes y amparados mediante un sello de goma.
Todos juran servir al pueblo, pero se sirven de él. Se burlan de él.
En el 2015, con la llegada de este gobierno nacional, hubo un acuerdo de culminar la remediación. Este mismo gobierno incumple. Nada cambió, sólo es una cuestión de de nombres.
Hubo una posibilidad de hacer real una proyecto de viabilizar la minería reconociendo errores del pasado. Este presente del SAO Gate, demuestra lo contrario. Cambio de personajes y modalidades, pero la misma ineptitud. Antes un tal Ferpozzi, ahora Del Valle.
Esta es la triste conclusión. Una bofetada a la comunidad que, como en 2008, ya en el año 2015, con los aires (de un supuesto cambio del clima político) reiteraron su acompañamiento a la promesa de que se iba a cambiar la historia. Tras dos años, hoy, se debe afirmar que no es así.
La remoción del plomo, agravado por la presencia de otros metales pesados nunca nombrados pero si presentes y documentados, que fueran abandonados por la fundidora Geotécnica en el acceso a la ciudad no se culminará en su totalidad.
La Secretaría de Minería de la Nación, que lidera desde diciembre de 2015 el Lic. Daniel Meilán, anunció que la firma Taym, que desde abril del año pasado está a cargo de las tareas de remediación de los residuos pesados existentes en la zona, culminaría sus tareas sin concretar un final de obra real.
A interpretación de profesionales de la zona, existe un 30% de residuos sin remediar. Harían falta dos millones de dólares más.
En un acto insólito y de suma irresponsabilidad, por no prever con antelación este tema, las partes, gobierno nacional y empresa contratada, no cumplirán el compromiso público de sanear el área contaminada, para lo cual, el país se endeudó en 8,4 millones de dólares en el marco de un crédito otorgado por el BID. Como consecuencia dejará gran parte del material sin remover y poner en celdas.
Lo paradógico es que los técnicos del gobierno se enteraron que los residuos a remover son más a lo calculado en sus estudios previos y que abundan, con mayor gravedad, la existencia de metales pesados que ponen al plomo en segundo lugar de su temida afección a la salud de los habitantes.
Así o señala el informe por el cual se basó la planificación y ejecución de la remediación, realizado en el año 2011 por la empresa URS. Allí se detalla claramente la existencia de metales pesados.
El texto siguiente que figura en el Informe Final en el marco del contrato entre la Secretaría de Minería de la Nación y URS para realizar la “Evaluación detallada y diseño del Plan de remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición de la mina Gonzalito en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro”, LPI 03/08 del Subprograma Gestión Ambiental Minera BID
1865/OC-AR y Proyecto PNUD ARG 07/008. Elaborado en abril del año 2011 por la empresa URS:
“Si bien elementos de interés como el indio, el cadmio, el arsénico, el estaño, el antimonio, el selenio y el vanadio no son elementos mayoritarios, sus concentraciones son elevadas respecto a las concentraciones máximas halladas en las muestras de referencia (ver sección 3.6), las cuales representan las concentraciones estándar de metales en los suelos del lugar.
Como se observa en la Figura 38, el plomo y el indio en el material de fuentes se encuentra alrededor de 1000 veces más concentrado que en las muestras de referencia.
Elementos que se encuentran como componentes mayoritarios de los suelos en general, como el aluminio y el calcio, se encuentran en menor cantidad en el material de fuentes que en las muestras de referencia”.
La existencia de metales pesados son nocivos para la salud de la población, la volatilidad de los minerales y la contaminación de los suelos se extiende también a toda la marea que rodea la ciudad.
Tras el aviso oficial dado en SAO el pasado miércoles 7 de marzo, ningún funcionario explicó que pasará con las pilas de minerales y desperdicios tóxicos que fueron parcialmente removidas y se encuentran a cielo abierto. Tampoco se dijo con precisión que pasará con las veredas y espacios dentro de los predios de las casas que se construyeron en los que fue la fundición y donde se habría encontrado a un metro de profundidad de los patios importante “cantidad de contaminación con metales pesados”.
Por estos días los patios y casas cercanas quedaron expuestos a una contaminación mayor que la que existía al inicio de las obras, de acuerdo a los registros de sedimentos tóxicos que habrían aparecido en el aire. Este tema se hizo público desde la multisectorial de vecinos que se ocupa del seguimiento del tema y que son los poseedores de la mayor información veraz. En estos días los más críticos hacia el incumplimiento de la Secretaría de Minería de la Nación buscarán respuestas para poner fin a este flagelo.
El cese de tareas de Taym se ventiló en la reunión del comité de inspección, en la municipalidad. Allí estuvieron el intendente Luis Ojeda y la veedora de la multisectorial Patricia Llonch, junto a otros funcionarios municipales.
Se notaron las ausencias inexplicables de la Secretaría de Minería de Río Negro, dependiente del ininvolucrable Juan Pablo Espínola y de sus pares de la secretaría de medio
Ambiente. Tampoco concurrieron legisladores provinciales. Se supo que sólo asistieron funcionarios de segunda o tercera línea de Nación y Provincia. Por caso, no se hizo presente Dina Migani, la titular de la cartera de medio ambiente rionegrina. Tampoco viajó Carolina Del Valle, coordinadora del Geamín (el nombre del programa bajo el cual se ejecuta la obra) sino Eduardo Bauto, el director de regulación minera nacional.
Desde la multisectorial se hizo saber que exigen que sea “Meilán y Carolina del Valle”, quienes den las explicaciones de tal decisión y “tener la decencia de ponerse frente a esta comunidad para informar eso” y se preparen para cómo lo van a solucionar, ya que no aceptan este tipo de anuncios e incumplimientos.
Algunas cuestiones pendientes:
- En marzo de 2017 se firmó en Minería nacional el contrato con la empresa Taym SA para remediar el plomo y otros metales de San Antonio, por un monto de $ 70.552.897 provistos por crédito del BID.
- La obra pronosticó y gasto 8.8 millones de US$
- No existe un informe detallado por las autoridades sobre en que y a quienes le destinaron los fondos públicos que son deuda externa.
- No se sabe si hay funcionarios a los cuales le iniciaron una investigación para saber cómo y porqué se han gastado el doble de lo proyectado.
- No se sabe quien autorizó que la coordinadora de esta remediación, la geóloga Carolina del Valle, que trabajaba paras la empresa URS al momento del la realización del informe, fuese quien llevo adelante las acciones desde el gobierno nacional. Para muchos sería una clara incompetencia profesional que vulneraría la ética pública.
- Se espera que los gobiernos provinciales y municipales demanden a la Nación que termine la obra que se comprometieron.
- ¿Quiénes son los responsables de los errores cometidos y la impericia profesional? (Prensa Geominera)
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