La ordenanza “ficha limpia” de San Antonio Oeste como modelo de política sana y confiable

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Hace casi un mes, la ordenanza del edil de JSRN Matías Rodríguez fue votada por unanimidad en el recinto legislativo comunal y se promulgó de forma automática, dejando un mensaje claro que la sociedad necesita actualmente.

La iniciativa conocida como “ficha limpia” es dejar atrás la intención y comenzar a plasmar de una vez por todas los requisitos para brindar transparencia en aquellos candidatos a cargos electivos y a los de designación directa dentro del Poder Ejecutivo, como así también a las autoridades partidarias.

Hace tres días, la provincia de Salta lo hizo Ley, Córdoba la está discutiendo, Mendoza y la comuna Barilochense la debaten actualmente. La semana pasada la provincia de Chubut votó por esta iniciativa, convirtiéndola en ley. También fue discutida dentro de todos los ámbitos, pero dos diputados pusieron como ejemplos fue justamente que en San Antonio Oeste se había votado una norma que expresaba el espíritu del proyecto “de un modelo de política sana y confiable”.

El diputado radical chubutense Manuel Pagliaroni, destacó en su alocución “esto surge como necesidad a la incongruencia vivida hasta estos tiempos que corren, en donde continúa la aparición de personas en listas partidarias como aspirantes a cargos electivos, y que se encuentran condenadas por distintos delitos, entre ellos, el que moviliza más a la opinión pública cómo el delito a la corrupción”.

Señaló “El principio de ‘presunción de inocencia’ no se ve violentado bajo ningún punto de vista. Hay que distinguir la cuestión penal de la cuestión electoral partidaria para representar a la ciudadanía. Por ejemplo, en nuestra provincia (de Chubut), un ‘alimentante moroso’ no puede ser habilitado como candidato por ningún Tribunal Electoral”, remarcó.

Recordemos que a partir de ahora cualquier futuro candidato deberán contar con la denominada “ficha limpia”, respecto a esto, el concejal Rodríguez señaló “a medida que surgen nuevas problemáticas y frente a las cuales nuestra sociedad reclama y exige acciones concretas que sancionen conductas inapropiadas, se torna necesario elaborar nuevas normativas que las contemplen, como una forma de freno ético y valla jurídica que impida que en la vida democrática de la sociedad se mezclen oportunistas a cargos electivos de representación popular”.

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“Los actos de corrupción política se refieren a los actos delictivos cometidos por funcionarios electos o no y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, lo que ocasiona el descrédito de quienes deben ser intachables en la función pública, generando un desprestigio integral, generalizado y el enojo de la población” agregó.

“Estos actos producen daños estructurales al aparato estatal y productivo del país, a partir de la generación de ineficiencias y exclusión, gastos indebidos, costos altísimos, desigualdades e inequidades, a través de las cuales se daña el tejido social y la credibilidad de la gente que aportan con sus impuestos y su trabajo al mantenimiento del país, a la espera de recibir los beneficios generales del mismo” también dijo “muchas veces la sociedad ve que ante actos de corrupción de cualquier naturaleza tipificada en el Código Penal, se tarda muchos años para que se dicte una sentencia firme , subestimando la trascendencia de éste tipo de actos punibles, afectando los valores más elementales de convivencia en una sociedad civilizada y que se precie de honrada”.

“La sociedad debe de contar con herramientas y procedimientos que inhabiliten precandidaturas y candidaturas a cargos electivos, para aquellos que se encuentren en proceso judicial con una causa por actos de corrupción, en sus distintas acepciones con el propósito de limitar la participación de personas que hayan cometido delitos” asimismo indicó “como representantes del pueblo es nuestra responsabilidad adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, sancionando normas claras y contundentes que impidan acceder a candidaturas y cargos de representación popular a quienes han cometido también hechos atroces y repudiables como ser violencia de género, femicidio, abuso sexual,  corrupción y violación de menores, discriminación religiosa, racial y xenofobia, orientación sexual, identidad de género o su expresión, contrabando de droga y narcomenudeo, que afectan transversalmente a una sociedad republicana y democrática” añadió “La sociedad y los partidos políticos deben recuperar el rol en la selección de candidatos, buscando en ellos idoneidad, responsabilidad, capacidad, moral y ética para ocupar el lugar para el que se postulan y no cargos que garanticen impunidad a quienes han cometido delitos.

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