Municipio deberá pagar suma millonaria a los abogados de la causa “Tierras de Tarruella”

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La causa MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE Y PROVINCIA DE RIO NEGRO C/TARRUELLA HECTOR RAUL Y OTROS S/ORDINARIO – EXPTE. N° 0218/05/J1., la jueza del acuerdo transaccional María Gabriela Tamarit  reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Con relación a los honorarios del Dr. Néstor I. Torres indica el fallo que la municipalidad deberá concordar con el abogado el monto del pago según acuerdo firmado en los términos del acuerdo Transaccional oportunamente celebrado entre el ejecutivo y la familia avalado por el Concejo Deliberante.

Respecto a los Dres. Miguel Angel Galindo Roldan y Rafael Norberto Augugliaro, se deberá pagar la suma de  $3.523.585,61.- a cargo y bajo exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de San Antonio Oeste además sumarle $ 422.830,27 por la incidencia resuelta.

Al perito tasador designado en autos, Sr. Arturo Agustin Kreiber la municipalidad deberá abonarle la suma de $ 896.016,58

Por su parte, los honorarios que deberá pagar la familia Tarruella a los Dres. Ariel Alice, Fernando A. Casadei, Enrique N. Echarren y Edgar N. Echarren, en forma conjunta, es la suma de $2.150.147,03 más $11.037,42 por la incidencia resuelta.

Recordemos que el gobierno municipal, bajo la breve gestión de Claudio Palomequez, quiería abonarle a los letrados con porciones de tierras y que para la mismo no consiguió la mayoría necesaria que sea aprobada siquiera en comisión de la legislatura comunal.

Luego del acuerdo transaccional los abogados exigirán el cobro siempre y cuando no haya una apelación formal del municipio respecto a estos honorarios.

En abril del 2013 el Concejo Deliberante local aprobó con los votos de cinco de sus siete integrantes un acuerdo transaccional con la familia Tarruella que desde 2005 mantenía un litigio por la valiosa franja de tierras ubicadas al sur de este balneario. El acuerdo avalado por la misma jueza Tamarit un año después estipuló cada una de esas fracciones el 35% quede para los privados y el 65% para el Estado.

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