El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas en Argentina, convocó a un paro nacional de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento estructural del sistema universitario.
La decisión fue tomada durante la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales, entre ellas la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Uno de los principales puntos de conflicto es la pérdida salarial acumulada por los trabajadores universitarios. Los gremios denunciaron que los incrementos salariales otorgados recientemente por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) son insuficientes para compensar la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.
En detalle, los aumentos fueron del 1,5% en enero y del 1,2% en febrero, cifras que, según los sindicatos, no logran revertir la caída salarial registrada durante 2024. Desde el Frente Sindical señalaron que esta situación pone en riesgo la calidad educativa y la capacidad operativa de las universidades públicas.
“Se pone en riesgo el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, el funcionamiento básico de las universidades”, advirtieron los gremios en el plenario.
A esta crisis salarial se suma el impacto del presupuesto prorrogado para 2025, que agrava la situación de las universidades públicas al no contemplar una actualización de los gastos de funcionamiento ni mejoras en los salarios.
Desde el Frente Sindical sostienen que esta decisión refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno nacional con la educación superior pública, lo que motivó la convocatoria a un nuevo plan de lucha.
